En la segunda jornada de juicio del caso Cretu ante la Audiencia Provincial que se celebró ayer en Eivissa declararon 16 testigos, entre ellos tres concejales que formaban parte de la comisión de gobierno que otorgó la licencia a la mansión ilegal, que fue demolida en 2009. Estos tres regidores aseguraron que el Ayuntamiento de Sant Antoni concedió el permiso porque tenía todos los informes favorables y porque el alcalde les decía que temían que el músico rumano les denunciara si no lo hacían.
José Prats Cardona, concejal de Hacienda por aquellas fechas, explicó que como el tema estaba causando mucho revuelo en prensa se pidieron informes adicionales y se consultó al Consell, pero todo fue favorable a la concesión del permiso. «El alcalde me dijo que el abogado de Cretu nos iba a denunciar si no dábamos la licencia», indicó Prats, que aseguró que tenía «total confianza» en el primer edil y en la concejala de Urbanismo, Blanca Castiella, que eran los que llevaban el tema. El regidor también recordó, cuando se lo mencionó el abogado del exalcalde Antoni Marí Tur, Botja, que en aquellas épocas se hablaba mucho de la condena al equipo de gobierno de Formentera por haber denegado el permiso para la construcción del cámping de es Ca Marí.