El president del Govern, José Ramón Bauzá, recurrirá a un abogado particular -al que pagará de su bolsillo- y no a la Abogacía de la Comunitat, para defenderse de la querella que le presentó la UGT y su exsecretario general Lorenzo Bravo.
El abogado que ha elegido Bauzá, y que también representará al vicepresidente Antonio Gómez (que igualmente es objeto de la querella) es Pablo Jiménez de Parga, hijo de Manuel Jiménez de Parga, expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Trabajo.
Fue Antonio Gómez quien, en respuesta a una pregunta en el pleno del Parlament, anticipó el cambio de estrategia de Bauzá. Precisamente, el motivo de la querella radica en que Bauzá decidió recurrir el archivo de una querella presentada por Bauzá contra Bravo por haberle llamado ‘facha'. El pasado viernes la portavoz del Ejecutivo autónomo, Núria Riera, aseguró que sería la Abogacía de la Comunitat quien hiciera frente a la demanda ugetista.
Gómez, en su respuesta al socialista Thomàs y pese a informar del que se recurriría a un abogado particular, mantuvo que entraba dentro de las competencias de la Abogacía la defensa de «empleados públicos».
La querella fue admitida a trámite el pasado viernes, después de que la Fiscalía se pronunciase en contra, mediante una resolución en la que el magistrado abundaba en numerosa jurisprudencia para afirmar que Bauzá utilizó «indebidamente» los servicios jurídicos de la Comunidad, con los que «quiso ejercer una acción personalísima a favor de su honor».
Recurso de la Fiscalía
La Fiscalía, sin embargo, se opone a que el juez tramite la querella y rechaza que Bauzá y Gómez hayan cometido los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Sobre la malversación, el fiscal superior Bartomeu Barceló afirma que las declaraciones de Bravo contra Bauzá «se realizan por su condición de presidente, no como particular, ya que de ser así carecerían de sentido», por ello considera lícito que emplee a abogados del Govern para defender su honor.
Con respecto a la prevaricación, Barceló afirma que la resolución debe ser «arbitraria y e injusta, lo que no ocurre en este caso», y finalmente, también descarta de plano el delito de tráfico de influencias.
Si con dinero público se puede pagar la defensa del Govern como los sindicatos trabajan con subvenciones públicas también tendrían derecho a que se los defienda con dinero público, ¿no?.