El Ayuntamiento de Eivissa realizó ayer un nuevo intento para desalojar a los ocupantes del barrio de sa Penya. Los servicios técnicos del Consistorio, acompañados por agentes de la Policía Local, entregaron las actas de lanzamiento a los habitantes de 16 fincas expropiatorias. Ninguno de ellos aceptó abandonar la vivienda, según destacaron los técnicos, aunque según testigos presenciales todo se llevó a cabo con normalidad y sin altercados.
Esta labor continuará hoy, cuando entregarán las actas a los que viven en las 26 fincas expropiatorias restantes. En el mes de julio ya se hizo una primera notificación en la que se les dio a los ocupantes ilegales dos meses de plazo antes del desahucio.
Si este primer intento fracasa, el Consistorio recurrirá a la vía judicial para acometer el desahucio forzoso. Según destacó ayer el concejal de Urbanismo de Vila, Alejandro Marí, el último cartucho es recurrir al juez, aunque ellos preferirían que todo fuera pacífico. «La intención es que no haya ningún altercado, pero si ellos siguen en sus trece habrá que actuar», explicó Marí, que recordó que para el desahucio forzoso se tendrá que echar mano de un operativo policial.