A raíz de la denuncia realizada el jueves en el pleno de Sant Josep por el grupo municipal PSOE-Pacte ante la inscripción de diferentes establecimientos de ocio en el registro de actividades turísticas con aforos que presumiblemente son superiores a los reales, la consellera de Turisme, Carmen Ferrer, explicó ayer que en un principio, y mediante la ley Bolkenstein, la máxima institución insular debe aceptar lo que el promotor presente, «pero acto seguido se le envía lo más rápido posible un inspector que certificará que lo que se ha registrado es cierto».
Ferrer apuntó que para modificar estos aforos se necesita contar con unos planes de seguridad exhaustivos que validen que ese establecimiento está capacitado para acoger ese número de gente: «En principio un empresario puede venir con cualquier historia y unos papeles que avalen lo que presenta. Yo estoy obligada a creérmelo. Con esa documentación se hace una aprobación inicial, pero después hay que ir a comprobar que se cuenta con unos planes de seguridad aprobados».
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Ahora vamos a ver que negocios se van a legalizar de forma vergonzosa,al final lo que nos enseña todo esto es que respetar normas y leyes es de tontos,y asi nos va en la isla ,que cualquier pirata de fuera se cree que puede hacer lo que le de la gana.