El archipiélago canario lleva mucho más tiempo que Balears luchando contra las campañas sísmicas programadas a 60 km de las costas de Fuerteventura y Lanzarote por la empresa petrolífera Repsol. Y es que este caso se remonta al 2001 cuando por un real decreto se le concedió a Repsol los permisos necesarios para la investigación de hidrocarburos durante seis años. Aún así, en 2004 el Tribunal Supremo anuló los trabajos que debían desarrollarse en la última fase (del tercero al sexto año) y que comprendía la perforación de pozos. En su momento, según publican varios medios, el Supremo consideró que el real decreto no incluía expresamente medidas de protección medioambiental.
Aún así, en 2012, con la vuelta del PP a la Moncloa, se convalidó ese real decreto, volviendo a autorizar la perforación de pozos a 3.500 metros de profundidad, añadiendo un artículo sobre medidas de protección medioambientales. Pero los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, totalmente contrarios a esta actividad, volvieron a recurrir el real decreto poniendo especial énfasis en el peligro que corre tanto el patrimonio medioambiental de las islas como su principal actividad económica, el turismo.
La decisión
Así las cosas, será el próximo 1 de abril cuando la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se reúna para votar y fallar el recurso interpuesto por los cabildos, según anunció ayer el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, a Efe.