La alegría vivida hace cinco años en la entrega de llaves de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Dalt Vila se ha transformado estos días en una sensación de expulsión carente de toda humanidad. Un comunicado oficial enviado en el plazo legal (solo un mes antes) les recordó el final del contrato y la obligatoriedad de abandonar el piso antes del 28 de febrero. Ninguna posibilidad de renovar, ni siquiera aunque sigan cumpliendo con las condiciones de edad e ingresos para volver a optar a las viviendas. Los muebles fuera y adiós. Y si quieren volver a entrar será a través de otro concurso público, que todavía no está ni siquiera convocado.
Los jóvenes inquilinos de siete de las ocho VPO de la calle Santa Creu de Dalt Vila critican «las formas» en las que el Ayuntamiento de Eivissa, a través de la empresa municipal Imvisa, les ha comunicado la orden de desalojo de las viviendas. Según aseguran, llevan dos años preguntando al Consistorio sobre la posibilidad de renovar o simplemente sobre su futuro, sin obtener ni siquiera una respuesta. Sin embargo, hace un mes se enteraron que debían desalojar, primero a través de la prensa, y después por un comunicado oficial que les daba 28 días de plazo. «No son las formas cuando llevamos dos años preguntando qué van a hacer con nosotros, incluso por escrito y con registro de entrada, y nunca nos contestaron. Ese es el problema, que se han portado fatal. Legalmente el contrato era de cinco años, pero podrían haberlo hecho de otra forma. Ni siquiera han querido negociar, al menos hasta que encontremos algo decente», aseguró Sonia Bonet Torres.
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Bien por el Ayuntamiento, la Ley es la Ley y hay que hacerla cumplir a todo el mundo.