El equipo de gobierno de Vila defendió ayer que el desalojo de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la calle Santa Creu Dalt Vila se realizó «conforme a lo que establece la legalidad», y que «varios concejales» se reunieron en dos ocasiones con los jóvenes inquilinos. «Una, hace un año, y otra, hace aproximadamente un mes», aseguró ayer el departamento municipal de prensa.
Así reaccionó el Consistorio ante las quejas de los adjudicatarios de las viviendas sociales, que criticaron «las formas» empleadas para el desalojo que deben cumplir antes de final de mes, cuando se les termina el contrato de alquiler de cinco años.
A pesar de la respuesta de Vila, los inquilinos no aseguraron en ningún momento que el procedimiento no fuera legal ni que no se hubieran reunido con los concejales del equipo de gobierno. Los inquilinos criticaron que a pesar de las reuniones y de los escritos remitidos al Consistorio no obtuvieron respuestas.
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