El titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma de Mallorca ha rechazado la prueba presentada por el concejal de PI, Juanjo Ferrer, contra los sueldos de siete concejales del equipo de gobierno de Sant Antoni que no tienen dedicación exclusiva, según han informado desde el Consistorio, el juez sólo le ha admitido una prueba consistente en un recorte de prensa.
Asimismo, se ha desestimado la solicitud del PI de pedir a la Inspección de Trabajo de la Tesorería de la Seguridad Social un oficio que certifique que el cambio de sistema retributivo de algunos de los concejales del equipo de gobierno supone un ahorro para el Ayuntamiento de 66.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social y pueda suponer una infracción. El juez no lo ha admitido «ya que no cabe admitir prueba que tenga por objeto cuestiones jurídicas en virtud del artículo 281 apartado 1 y 2 de la LEC».
El juez sólo ha admitido la prueba solicitada por PI, que consiste en un recorte del Diario de Ibiza del 30 de junio de 2011, sobre la rueda de prensa en la que se informó de la nueva organización municipal y sobre las retribuciones de los ediles.
Asimismo, el titular del Juzgado también ha admitido la prueba propuesta por el Ayuntamiento consistente en certificar que esos concejales han participado en plenos, comisiones informativas y de gobierno y juntas de portavoces.
Para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni, el rechazo por parte del juez de las pruebas que pedía el PI «es una muestra más de que este grupo municipal de la oposición sólo tiene un objetivo: obstaculizar y entorpecer la acción del gobierno municipal y el trabajo diario de los funcionarios del Consistorio con denuncias de este tipo».