La ponencia técnica del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Ayuntamiento de Vila determinó ayer que conservar algún vestigio de la fachada del antiguo colegio de Sa Graduada «no es imprescindible», explicó ayer la concejala de Cultura, Lina Sansano.
El mal estado de la cimentación y los altos costes para su mantenimiento han sido algunas de las razones de esta decisión. Ahora, el dictamen del PEPRI será estudiado por la comisión política el próximo lunes, que será quien decida en última instancia si se conserva o no la fachada del antiguo colegio, donde el Ministerio de Justicia tiene previsto construir la futura sede judicial de Eivissa.
Observaciones
Los expertos que forman parte de la ponencia técnica del PEPRI han puesto reparos al anteproyecto de construcción de los nuevos juzgados. Según Lina Sansano, el edificio tiene forma de U y una altura de cinco pisos en su fachada principal, que estaría encarada al parque, como el colegio. La propuesta de estos expertos que harán llegar al ministerio es que esta altura de cinco plantas se sitúen en otra zona del edificio para que el impacto visual no sea tan grande.
A principios de este año el Ayuntamiento de Vila y el Estado firmaron la permuta de Sa Graduada (cuyo solar consta de 2.100 m2), por los terrenos donde se ubican el inmueble de los juzgados (de 780 metros) y el de la antigua Delegación del Gobierno (1.000 m2).
Por esta operación, el Consistorio recibió 303.195 euros como compensación por la diferencias de valor en la tasación de los distintos solares, ya que el terreno aportado por el Ayuntamiento fue valorado en 5.962.592 euros, mientras que los dos solares propiedad del Estado tenían un valor de 5.659.397 euros.
El Ministerio de Justicia espera adjudicar la primera fase de las obras en el segundo trimestre de 2015, que tienen un coste previsto de 10,5 millones de euros. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 28 meses que se llevarán a cabo entre los años 2015 y 2018. Hay que recordar que la administración de justicia debe abandonar la actual sede judicial en septiembre de 2019, según el convenio firmado con el Ayuntamiento de Vila.