El presidente de Autoritat Portuària de Balears (APB), Alberto Pons, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad afirmando que las obras de remodelación de la fachada marítima son legales y se pueden hacer sin que afecten al patrimonio, tal y como advirtieron los arquitectos pitiusos quienes, además, explicaron que están dispuestos a ir a los tribunales para parar estos trabajos. Por ello, Pons quiso dejar claro que las obras se harán, aunque se inicien con algo de retraso. En este sentido, APB mantiene que para junio del año que viene los trabajos habrán acabado.
«Quiero transmitir a la ciudadanía que la tramitación ha sido la correcta y que todo se ha hecho de acuerdo con la legalidad», explicó el presidente del gestor portuario, que acudió como ponente al segundo Foro de Turismo de Eivissa que se celebró en Santa Eulària. En este sentido recordó que es un proyecto autorizado por el Ministerio de Fomento, que es quien autoriza las obras en las zonas de dominio portuario estatal y que, por este motivo, están exentas de la obtención de licencia municipal.
Pons afirmó, además, que estos trabajos se han consensuado con el Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento: «Vamos a dulzificar esta zona portuaria de acuerdo con el Consell y con el Ayuntamiento. Hemos escuchado a multitud de personas y creo que francamente, un día antes de las obras que se presenten ciertas quejas amenazantes...cada uno se retrata», afirmó refiriéndose a las declaraciones que hicieron públicas los arquitectos justo el día en que empezaban las obras (el miércoles).
Retraso
Sobre la petición del Consell de retrasar los trabajos hasta saber si afectan o no al Patrimonio, Pons se mostró tajante al afirmar que la APB dispone de un informe de la Abogacía del Estado y de la Abogacía de Balears que dejan claro que la fachada marítima «está fuera de las competencias patrimoniales del Consell d'Eivissa». Pons señaló que «el presidente del Consell, que sé que es una persona con sentido común, me pidió que esperáramos el informe del Ministerio de Cultura y no tenemos inconveniente en ralentizar el inicio de las obras». En este sentido recalcó que el informe que solicitaron al Ministerio de Cultura «no es vinculante». «Nosotros tenemos las conclusiones verbales de este informe y estamos a la espera de que las pasen por escrito. El informe dice que estamos hablando de zona de uso portuario y francamente me pregunto qué es lo que hay que proteger, ¿el asfalto?, ¿un edificio que es un ‘tinglado' de muy dudosa estética?».
En cuanto a la posibilidad de litigio con los arquitectos, el presidente del ente portuario recalcó: «En este caso, no sería el Consell el que se vería inmerso en un litigio legal; es la APB la que lidera este proyecto. Insisto en que los trabajos se han hecho de manera exquisita y a partir de aquí cada uno es libre de pensar lo que quiera. La APB está muy tranquila en este sentido», concluyó tajante Pons.