La exalcaldesa de Eivissa Lurdes Costa (PSOE-Pacte) anunció ayer que va a emprender acciones legales contra el particular que la ha denunciado a ella, al exconcejal de Urbanismo Alejandro Marí (PP) y a un empresario en relación con la construcción de un edificio de viviendas en una parcela de 2.346,62 metros cuadrados en el barrio de Can Misses. Costa explicó que está estudiando «medidas legales para exigir la protección al honor o presentar una querella criminal por calumnias».
Además, la exalcaldesa asegura que ella no firmó la licencia de obra por la cual este particular ha presentado su denuncia, sino que lo hizo su concejal de Urbanismo, Vicent Torres, «lo cual demuestra la mala fe del denunciante» para con ella. Costa también explicó que, en cualquier caso, «la licencia se firmó al amparo de los informes técnicos y jurídicos que amparan la legalidad de la misma».
Por su parte, la Federació Socialista d'Eivissa (FSE) aseguró ayer que la denuncia presentada contra Costa «es absolutamente falsa y no tiene ningún fundamento jurídico o técnico». Los socialistas dicen que esto se puede comprobar «con una simple revisión del expediente y de todos los informes técnicos y jurídicos que contiene». Además, al igual que Costa, aseguran que ella no firmó la licencia de construcción de una promoción de 22 viviendas en Can Misses. De esta forma, señalaron desde la FSE, «se intuye desde el primer momento la mala intención con la que se ha redactado el escrito de denuncia».
PGOU
Señalan desde la FSE que «los técnicos municipales tienen claro y así consta en toda la documentación técnica, que la parcela en cuestión fue declarada residencial en el PGOU de 1987 (con un gobierno municipal del PP) y que, por lo tanto, hacía años que había dejado de ser un espacio destinado a equipamiento».
El juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa ha abierto diligencias previas para investigar esta denuncia. El juez José Espinosa dictó una providencia para recabar información al respecto y rechaza «por el momento acordar la medida cautelar solicitada por el denunciante» de paralizar las obras.
Esta denuncia se refiere a una parcela cuya propietaria es la empresa Taylor Woodrow de España SAU y cuyo uso era comercial según el Plan Parcial de Ordenación de 1976, siempre según la denuncia. En 2007, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Eivissa, pasó a tener la calificación de equipamiento. La denuncia asegura que el empresario denunciado era en 2007 propietario de más de la mitad de la parcela en cuestión y que, en agosto de ese año, solicitó al Ayuntamiento de Eivissa la calificación urbanística. Según el denunciante, «los servicios técnicos municipales emitieron el 23 de agosto de 2007 el informe solicitado y obviaron la calificación de equipamiento». Después, el 29 de septiembre de 2007, la parcela «aparece en el expediente de obra mayor 24/2014 del Ayuntamiento de Eivissa por el que se concede licencia para la construcción en esa parcela de 22 pisos, trasteros y aparcamiento».
«Poco después de haber conseguido la calificación urbanística, [el empresario denunciado] actuando en este caso como apoderado de otros propietarios y como legal representante [de una empresa mercantil] vendió sus participaciones en el solar a Taylor Woodrow de España SAU, que pasó a ser propietaria del cien por cien de dichas participaciones», precisa la denuncia.
La empresa pidió en enero de 2008 licencia para la construcción de dos edificios separados de 12 y 11 viviendas, una licencia que según el denunciante fue otorgada por Lurdes Costa. Como la obra no comenzó en el plazo previsto, Taylor Woodrow de España SAU, pidió en junio de 2013 una nueva licencia sobre el mismo solar, «ahora para la construcción de un edificio de 22 viviendas con trasteros y aparcamiento (...) que fue otorgada por Alejandro Marí Ferrer, concejal de Urbanismo.
La denuncia pide la suspensión cautelar de las obras, ahora en ejecución, y señala que existe una «conversión ilegítima e ilegal de una parcela destinada a equipamientos en residencial». Según el denunciante, se trata de «la construcción de un conjunto residencial cuya licencia se ha otorgado por los denunciados a sabiendas de su injusticia, vulnerando todo ello lo establecido previamente en el ordenamiento urbanístico».