La vivienda ilegal de Puig d'en Serra empezó ayer su cuenta atrás para dejar de existir. El Ayuntamiento de Sant Josep inició ayer los trabajos preparatorios para la demolición de esta vivienda sobre la que pesa una sentencia de derribo del año 2004, ratificada dos años más tarde por el TSJB. En el año 96, el GEN denunció las obras por estar ubicadas en un Área Natural de Especial Interés (ANEI), Puig d'en Serra (es Cubells), un lugar catalogado también como Paisaje Singular.
Los operarios de la empresa Erri Berri S.L., la misma que se encargó de la demolición de la vivienda de Cretu, entraron ayer en la casa de Puig d'en Serra con la Policía Local para empezar a desmontar puertas, quitar cristales y retirar muebles, así como para proceder al vallado del perímetro de seguridad, entre otras labores previas.
Según explicó el concejal de Urbanismo de la localidad, Javier Marí, en el interior se encontraba una persona que desconocía la situación de la vivienda, por lo que abandonó el inmueble sin oponer resistencia. Marí destacó que la empresa adjudicataria ejecutará los trabajos en tres semanas, periodo en el que se incluye la restauración paisajística para que la zona recupere su aspecto original. El presupuesto total del trabajo (incluida la restauración paisajística) es de 80.000 euros, cantidad que, sumado a las costas procesales y judiciales, el Consistorio reclamará a la empresa alemana que construyó la vivienda. «Reclamaremos el dinero a la propiedad y es posible que ésta reclame pérdidas patrimoniales. La casa no está construida donde decía la licencia concedida en su momento y, además, modificaron un camino», explicó Marí. En este sentido, la licencia concedida por el ex alcalde José Serra Escandell en el 92 era para hacer una vivienda de 92 metros cuadrados y una sola planta, pero construyeron una casa de 529 metros cuadrados y tres plantas.
Por su parte, el GEN celebró que la demolición arrancase ayer con los trabajos previos, pero recordó que se trata de uno de los puntos que establece la sentencia en la que, además, se puede leer: «El Ayuntamiento demandado deberá incoar los correspondientes procedimientos sancionadores contra los responsables del otorgamiento de las licencias anuladas». En este sentido, el GEN destacó que a este punto aún no se le ha dado cumplimiento «a pesar de que se trata de un punto ineludible y obligatorio; este punto debe comportar no sólo las sanciones económicas que puedan corresponder a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Gobierno que concedió la licencia ilegal sino también el hecho de trasladar a los mismos la obligatoriedad de hacer frente a los gastos en los que haya podido incurrir el Ayuntamiento, el pago de posibles indeminizaciones y los gastos íntegros de la demolición». El grupo ecologista informó que, en el caso de que el Consistorio no cumpla la totalidad de la sentencia, «el GEN también instará a que sean los juzgados quienes se encarguen de esta parte de la sentencia y acudirá incluso a la vía penal si fuera necesario».
A este respecto, el concejal de Urbanismo de Sant Josep explicó que «el Ayuntamiento abrió un expediente a los responsables que dieron esta licencia, pero al mismo tiempo la Fiscalía abrió diligencias penales por este hecho y al abrir diligencias penales se paralizó el expediente del Consistorio. De estas diligencias penales hubo una sentencia por la que se estableció que los delitos habían preescrito», concluyó Marí.