Con la llegada del buen tiempo y la presencia de los primeros turistas, los vendedores ambulantes e ilegales de artículos como comida, ropa o bebida empiezan a hacer su aparición en las playas de Eivissa provocando malestar entre quienes disfrutan de la playa y pérdidas económicas para los bares, restaurantes y establecimientos comerciales que ejercen su actividad de manera legal.
La imagen grande que ilustra esta información corresponde a la playa de cala d'Hort en Sant Josep, donde un vendedor ambulante de vasos con fruta apareció sobre la una de la tarde de este martes (14 de abril).
Los ayuntamientos ya tienen listo sus dispositivos de vigilancia para intentar paliar este problema, pero son conscientes de que se trata de expedientes administrativos que en muchos casos no llegan a concluirse por insolvencia económica del infractor o bien porque no se le localiza o proporciona datos falsos. Por ello piden la implicación de otros departamentos, como Extranjería de la Policía Nacional, y que se puedan incrementar las plantillas de Policía Local.
Policía de playas
Sant Josep es uno de los municipios más afectados, pues cuenta con 34 playas y una plantilla de 54 policías locales para todo el municipio, ya sea invierno o verano. Este año volverán a repetir el servicio de policía de playa, que empieza el 1 de mayo y que hará inspecciones aleatorias y sin previo aviso por las diferentes playas, pero calculan que debido al incremento de población en verano necesitan «entre 30 y 40 policías locales más». «Somos el municipio con más playas de toda la isla. Hemos montado un servicio de policía de playa, lo cual no quiere decir que haya agentes de manera permanente en todas ellas sino que habrá equipos de tres personas que irán rotando por diferentes playas. Empieza el 1 de mayo, pero ahora también hay presencia policial en las playas», explicó el concejal de Interior de Sant Josep, Serafín Grivé, quien reconoció la «dificultad» de controlar lugares de gran extensión y con naturaleza donde se esconden los vendedores ambulantes, como Ses Salines o Platja d'en Bossa.
Sant Antoni cuenta con dos unidades de cinco policías de paisano que hacen inspecciones por las playas y el passeig de Ses Fonts. A esto se sumará a partir de junio, según explicó el concejal Xicu Cardona, la presencia de policías locales en bicicleta (lo que se conoce como policías turísticos) por las playas. «Son plazas que convoca el Govern; el año pasado presupuestamos 12, pero el máximo que tuvimos fueron siete. No es tan fácil que se cubran estas vacantes porque muchos son de Mallorca y prefieren optar a una plaza fija allí», destacó Cardona.
Vía penal
Cardona y Grivé recuerdan las limitaciones por ley que hay para contratar más personal en las administraciones públicas, a lo que se suma que se trata de una infracción administrativa, por lo que se les requisa la mercancía «y a la media hora vuelven a tener más». «Esto es un problema que tiene todo el país. Le coges la mercancía, se abre un acta administrativa que al final no llega a ninguna parte porque alegan que son insolventes, te engañan con el domicilio o simplemente desaparecen», señaló Grivé, quien apostó por la intervención de otros estamentos, como el departamento de Extranjería de la Policía Nacional.
Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària explicó que el municipio contará con una patrulla específica de vigilancia en las playas. Estos agentes van de paisano y su trabajo fundamental, destacaron desde la Villa del Río, es ‘cazar' a los descuideros y vigilar que no hay venta ambulante.
El concejal de Interior de Sant Josep recordó que se trata de personas que están «organizadas y que se avisan cuando detectan la presencia de Policía Local. En otras ocasiones se ponen agresivos y plantan cara e incluso se meten en el agua para que no los ‘pillen'», explicó Grivé, quien recordó que por el puerto entran contenedores o bien camiones «que están identificados como que llevan muebles y realmente no es así y nadie examina lo que entra de la Península. Es un flujo contínuo de entrada de mercancía». Los representantes municipales reconocen que este problema afecta a la imagen turística de Eivissa y a los empresarios que pagan impuestos, pero destacan la «dificultad» a nivel municipal para paliar este problema.