El Govern balear ha acusado este viernes al Gobierno central de «deslealtad institucional» en relación con el desarrollo normativo de la comunidad autónoma, después de que el ejecutivo nacional haya presentado un recurso de inconstitucionalidad por la Ley Minera de Balears aprobada la pasada legislatura.
El portavoz del Govern, Marc Pons, ha anunciado que el ejecutivo balear se personará ante el Constitucional para defender la Ley Minera de Balears aprobada por el anterior Govern del PP, porque discrepa del recurso planteado por el Gobierno.
Pons ha manifestado que esta discrepancia se suma al otro recurso de inconstitucionalidad por la Ley de Comercio y ha señalado que ambos deberían poder solucionarse «sentándose en una mesa» y alcanzando un acuerdo.
El portavoz ha recordado que el Govern recién constituido ha solicitado reuniones bilaterales con el presidente del Gobierno y los ministros de Economía y de Hacienda, pero no ha obtenido respuesta por el momento. «Estamos a la espera de una respuesta de Rajoy y de los ministros (Cristóbal) Montoro y (Luis) De Guindos para tratar varias cuestiones», ha afirmado.
Ante la posibilidad de que Rajoy viaje próximamente a Palma para mantener el habitual despacho con el Rey Felipe VI durante sus vacaciones de verano en el Palacio de Marivent, Pons ha señalado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, está dispuesta a reunirse con el presidente aprovechando esa circunstancia.
«Nos gustaría que fuera así. Ante la disponibilidad de la presidenta, si el presidente del Gobierno viene, nos agradaría que pudiera haber un encuentro, pero no tengo ninguna información al respecto en este sentido», ha detallado Pons.
Sobre esta nueva divergencia en relación con la Ley Minera, Pons ha señalado: «Nosotros perseguimos resolver problemas». Ha añadido que, tras el recurso del Gobierno central, el punto de encuentro en relación con la Ley Minera deberá ser el Tribunal Constitucional «para dirimir quien tiene razón».
Ha recordado que si bien la norma la aprobó el PP, fue recurrida por el PP nacional en Madrid.
«Tenemos clarísima la importancia de defender los intereses de Balears y los acuerdos adoptados en el Parlament», ha dicho Pons la respecto.
Ha detallado que el recurso de inconstitucionalidad afecta al artículo 23 de la Ley Minera de Balears, que fija las condiciones para las concesiones mineras en dos categorías: la C, correspondiente a las canteras de gran tamaño, y la D sobre explotaciones mineras ligadas a recursos energéticos (como carbón o gas).
La discrepancia radica en que la ley balear establece como uno de los requisitos que los promotores y explotadores tengan disponibilidad del terreno donde quieren desarrollar su actividad.
«El Estado cuestiona esta decisión y su suspensión supone que un explotador puede iniciar el camino de la expropiación de los terrenos para poder explotar sus recursos», ha dicho Pons.
Ha alertado de que esta situación de suspensión «puede afectar a propietarios que se pueden ver ante una multinacional que decida explotar sus terrenos para llevar adelante una explotación minera», si bien ha admitido que el Govern no tiene constancia de ningún caso por el momento.
«Creemos que debe haber al menos un acuerdo con el propietario», ha defendido Pons al respecto.
En cuanto a la Ley de Comercio, ha recordado que el Govern ha aprobado un decreto urgente para preservar la seguridad jurídica y paralizar la concesión de licencias a grandes superficies durante 6 meses, una norma que el lunes se ratificará en el Parlament.