Aplazado hasta el 6 de octubre a las 12 del mediodía. Después de una hora de negociaciones y tensión, una llamada telefónica confirmaba que los ocupantes de la torre 7 del edificio Bossa Mar podían seguir ocupándolo un mes más. Las gestiones in extremis dieron sus frutos y Juan Carlos Pereira, el empresario que alquila las 18 viviendas, se comprometió a desocupar el edificio «voluntariamente» en la nueva fecha.
El alzamiento de la torre localizada en Platja d'en Bossa estaba previsto para las 9.30 horas de ayer. Desde una hora antes, una patrulla de la Policía Nacional ya estaba por la zona esperando la llegada de la comisión judicial. Muy cerca se encontraban los abogados de la empresa RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales S.A., la demandante del desahucio.
Dentro de la finca, el arrendador, Domingo Novoa, por un lado, el arredantario, Juan Carlos Pereira por otro, y los inquilinos de larga duración, esperaban el desenlace.
La entrada al edificio se hizo en medio de una gran expectación mediática y empezaron los primeros momentos de nerviosismo.
Dos agentes custodiaban la entrada donde permanecían algunos de los inquilinos con sus hijos. Entre ellos estaba Luci, la encargada de la limpieza y acondicionamiento de los apartamentos turísticos. «Si nos echan, me quedo sin trabajo y sin techo para mis dos hijos a dos días de que empiece el curso».
En otra zona del acceso esperaba un joven que había alquilado por cuatro años una vivienda y que no salía de su asombro y preocupación.
Juan Ormazabal, abogado de Juan Carlos Pereira, explicó que su cliente se encontraba en un fuego cruzado entre la promotora (RTM) y el comprador de la torre, el exfutbolista Domingo Novoa, quien en 2006 pagó 2,5 millones de euros por la torre.
Mientras tanto, en el interior del inmueble los ánimos fueron calentándose. Pereira apuntó que mantuvo contactos hasta el último momento con el departamento jurídico del Consell, mientras los letrados de ambas partes y la secretaria judicial negociaban una salida al conflicto que implicaba el desolojo de más de 100 personas. Finalmente, la comisión judicial y la Policía Nacional valoró el escenario y para garantizar la máxima seguridad se decidió aplazar el alzamiento hasta el 6 de octubre.
Al conocerse la noticia, algunos inquilinos se fundieron en abrazos, mientras unos turistas extranjeros se preguntaban qué pasaba.
Juan Carlos Pereira expresó cierta satisfacción porque con esta medida «por lo menos voy a poder organizar un traslado de todos los enseres. Hay que tener en cuenta que amueblamos todos los apartamentos para poder ser alquilados», puntualizó, tras haber vivido momentos de mucha preocupación junto a su mujer y su hijo.
En la torre hay cinco apartamentos alquilados de larga duración y doce para turistas, principalmente de Australia y Nueva Zelanda.
En temporada alta pagan a razón de 395 euros día, 200 el resto del año.
Por su parte, Domingo Novoa, se congratulaba por el aplazamiento y subrayó que continuará luchando contra «RTM, porque un juzgado reconoció en su día que, aunque no esté registrado, yo soy el poseedor de la torre».
Un abogado de RTM apuntó antes de conocerse la decisión del aplazamiento del alzamiento que detrás de ellos no hay ningún fondo buitre.
Después de horas de tensión, los inquilinos volvieron a sus casas ,coincidiendo con el inicio de la tormenta.