El Consell de Govern del Ejecutivo balear aprobará este viernes el decreto ley por el cual se declara la situación de sequía extraordinaria en Eivissa y se adoptan una serie de medidas urgentes y excepcionales para paliar y corregir los efectos y que, como mínimo durarán seis meses. Hoy presentarán en la isla la presidenta Francina Armengol y el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal.
Eivissa presenta una situación crítica con respecto a las reservas de agua provocada por la sobreexplotación de los acuíferos y la falta continuada de precipitaciones. Según los índices publicados por el Govern, la situación hidrológica de Eivissa es de alerta de sequía Estos factores comportan que mientras no se normalice el régimen de precipitaciones y no se busquen fuentes de suministro de agua alternativas no naturales, no se puede garantizar que se pueda atender la demanda de agua.
Polémicas
Este Decreto ley tendrá como objetivo controlar al máximo el uso de agua con el fin de recuperar los acuíferos. Para ello se adoptarán medidas temporales que permitan un incremento del agua disponible hasta que los niveles de reserva mejoren. Entre las medidas previstas en el Decreto ley se encuentra la reducción en un 15% del volumen de extracciones, excepto en la agricultura, que será del 10% y en el abastecimiento en poblaciones, que no sufrirá restricciones. Esta norma, y a la espera de posibles cambios de última hora, también recoge la suspensión de la tramitación y del otorgamiento de nuevas autorizaciones de pozos de agua. Una actuación criticada por las empresas ibicencas del sector, que la semana pasada pusieron el grito en el cielo y vaticinaron la quiebra de sus negocios si finalmente se ponían en marcha estas medidas. Los empresarios, abogaron por que la prohibición de nuevos sondeos se llevara a cabo sólo en los acuíferos en peor estado.
El decreto de sequía también obligará a las empresas suministradoras de agua (incluidas las de venta en camiones) a utilizar agua procedente de las desaladoras durante la temporada baja. Además, los ayuntamientos estarán obligados a realizar estudios de detección de fugas en sus redes de suministro y presentarlos a la Administración hidráulica en un plazo máximo de 45 días desde la entrada en vigor del Decreto ley, y en caso de que los escapes sean superiores al 25%, llevar a cabo un plan de actuación que tendrá que validar la Dirección General de Recursos Hídricos.
Agilidad en las obras
La aprobación de esta medida permitirá que las obras necesarias para los cambios de uso se considerarán de utilidad pública y de necesidad urgente, por lo que los trámites para, por ejemplo, la finalización del anillo hidráulico de la isla podrían reducirse.
El periodo de aplicación y vigencia de este Decreto ley se extenderá hasta que se haya superado el periodo de sequía que, de acuerdo con los indicadores de sequía que prevé el Plan Hidrológico de Balears, será cuando las reservas de agua presenten valores de situación estable durante seis meses consecutivos.