Las controversias legales en torno a la oferta de alojamiento de las viviendas turísticas alquiladas por particulares se debatieron ayer en el primer Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera, que tuvo lugar en el Centro Cultural de Jesús.
Durante la jornada se plantearon las contradicciones de las normativas y las dificultades que se encuentran los propietarios que quieren legalizar su vivienda para uso turístico. Una de las conclusiones es que el crecimiento de esta oferta y su alta demanda han ido más rápido que las leyes y que la capacidad de tramitación de las instituciones es lenta para atender el número de peticiones. Es por ello que reclaman adecuarse a la realidad para que las viviendas turísticas se posicionen como un mercado de calidad.
El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, que fue el encargado de inaugurar el congreso, recordó que desde la entrada en vigor de la Ley Turística de 2012 hasta la actualidad, se han presentado 1.873 nuevas solicitudes de viviendas turísticas, lo cual «hace necesario un esfuerzo por parte de esta administración para poner al día esta situación, puesto que a día de hoy, todavía restan más de 1.200 solicitudes pendientes de trámite». «La voluntad de este gobierno es disminuir en lo posible el tiempo de espera la tramitación y para ello incrementaremos los recursos de personal», garantizó Torres.
En este sentido, se manifestó uno de los asistentes que reclamó «los medios necesarios para que se puedan llevar a cabo las inspecciones y hacer cumplir la normativa». «Para los que estamos legalizados no nos sirve de nada cumplir la ley si luego no se persigue al ilegal», señaló.
Por su parte, la concejala de Turismo de Santa Eulària, Carmen Ferrer, destacó que se debe trabajar para encontrar «un equilibrio en los usos del territorio, ya que lo que queremos es mantener un respeto y equilibrio entre los residentes y los visitantes que vienen con su familia y buscan tranquilidad y los que llegan atraídos por el ocio nocturno». En referencia a la convivencia, apuntó que el Consistorio ha modificado su normativa para impedir que los usos vinculados al turismo afecten a zonas residenciales y propuso sancionar a los organizadores y al propietario de la casa, en caso de que se celebren fiestas molestas en reiteradas ocasiones en viviendas alquiladas.
El congreso también acogió una mesa redonda para exponer las experiencias de otras comunidades como Catalunya, Andalucía o Canarias y su lucha para conseguir una normativa. En el caso de Canarias, la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Doris Borrego, expuso la situación de su comunidad en la que se encuentran actualmente en el «limbo» en una situación de «alegalidad absoluta» por la falta de normativa. En este sentido, detalló que hay 53.000 familias que se dedican al alquiler de viviendas y no pueden regular su actividad.
El presidente de la Asociación de Empresarios de Viviendas y Estancias Turísticas (AVAT) de las Pitiüses, Roberto San Esteban, aseguró que el objetivo de este sector, tras conseguir una normativa, es asentarse como una «oferta buena, legal y de calidad». El congreso, organizado por la Pimeef y con la colaboración del Consell d'Eivissa, el Ayuntamiento de Santa Eulària y La Caixa, se realizará hoy en Formentera, en la Sala de Cultura.