La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha anunciado, en respuesta a un escrito de la presidenta de Balears, Francina Armengol, que ha dado traslado de la proposición no de ley relativa a la repatriación del ibicenco preso en Panamá, Juan José Marí Cabrales, y a la mejora de la situación en las prisiones latinoamericanas. En este sentido, garantiza que «dentro de las competencias de esta institución, continuará velando por los derechos de todos los ciudadanos españoles que se encuentran privados de libertad en el extranjero».
Además, Becerril destaca que se ha solicitado información a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios sobre la situación en la que se encuentra Cabrales, que está en proceso de repatriación después de llevar encerrado desde hace más de cuatro años en el pabellón seis de la prisión de La Joya, una de las más duras de Latinoamérica, por un delito de narcotráfico. El preso ibicenco padece una hernia inguinal y está pendiente de una operación quirúrgica, que declinó a la espera de poder realizársela en España.
La Defensora del Pueblo asegura que comparte la exposición realizada en la proposición no de ley, en la que se condena «la situación de precariedad y las condiciones infrahumanas» de las prisiones latinoamericanas y en la que se promueve la mejora de las condiciones sanitarias de Cabrales, así como de todos aquellos españoles que se encuentran en circunstancias similares en otras prisiones extranjeras. «La situación de estos españoles es motivo de constante supervisión», explica Becerril, que apunta que, por ello, se han iniciado diferentes actuaciones de oficio a fin de conocer de forma más detallada de la situación en la que se encuentran todos estos españoles. Entre las acciones realizadas, destaca la elaboración de un estudio, presentado ante las Cortes Generales, donde se da cuenta de los problemas más importantes, las carencias y deficiencias de muchos centros.
LA NOTA
Petición de las discotecas
La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha acudido a la Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas tras no recibir respuesta a los dos recursos impuestos ante la dirección general de tributos. Las discotecas consideran "injusto y discriminatorio" que tengan que tributar a un 21% de IVA, mientras que la hostelería y el alojamiento mantienen el 10%.