El Grupo Popular de Sant Josep anunció que en el próximo pleno municipal plantearán una propuesta de acuerdo para que el Ayuntamiento inste al Parlament a tramitar el decreto ley 1/2016 como proyecto de ley a fin de poder debatir y consensuar «al máximo» una normativa «que permita una mayor seguridad jurídica y permanencia en el tiempo».
El concejal Javier Marí explicó ayer que dicho decreto modifica leyes que afectan a muchos colectivos, «motor de nuestro tejido laboral y económico, provocando inquietud entre los mismos».
La norma, según recordó Marí, incorpora modificaciones legislativas de aplicación inmediata y directa en varios artículos de la Ley Agraria 12/2014, Ley de Turismo 8/2012, Ley del Suelo 2/2014, Directrices de Ordenación del Territorio DOT 6/1999 y la Ley del suelo rústico 6/1997, «sin haberlas consensuado con ningún colectivo, social ni profesional, y sin contar con el principal partido político de las islas».
También criticó que el decreto imponga una moratoria en la aplicación de otros artículos, «cuya redacción creemos que es necesario consensuar al máximo».
Además, desde el PP consideraron que el decreto ley causa un «importante perjuicio financiero» a los ayuntamientos, dado que «les niega unos recursos económicos de carácter finalista para invertir en su propio municipio y perjudica la recuperación económica de algunos sectores afectados», como el turismo, la agricultura y la construcción, «lo que representa toda nuestra economía productiva y el empleo asociado a los mismos, sin haber consultado a ninguno de estos colectivos».
El Grupo Popular también pedirá que el Ayuntamiento inste al Govern a consensuar con todos los colegios profesionales y con todos los colectivos afectados los cambios normativos directos y el alcance de la moratoria contemplada en el decreto.
Los ‘populares' anunciaron que preguntarán también por qué no se informó correctamente a los ciudadanos sobre los cambios de ubicación de las mesas electorales en los comicios del pasado 20 de diciembre.