La Federación de Hostelería de Ibiza y Formentera, la PIMEEF, el Fomento de Turismo, la CAEB y la Cámara de Comercio, acordaron ayer la firma conjunta de un Escrito de Alegaciones al Anteproyecto de Ley del Impuesto Sobre Estancias Turísticas en Baleares que el Govern Balear pretende aplicar esta temporada de 2016 dentro del plazo de Alegaciones públicas abierto en trámite parlamentario que finaliza el próximo día 8 de febrero.
La reclamación de toda la Patronal Pitiusa hace hincapié en la injusticia que en su opinión supone que la recaudación del impuesto se calcule en función de las estancias del turista en alojamientos turísticos reglados. “La ley de forma implícita acepta que toda la oferta ilegal quede exenta de pago”. Una situación que según la Patronal favorecerá la expansión de los alojamientos al margen de la ley y la competencia desleal ya que podrán competir en precios. “Ese turista no pagará el impuesto”, aseguran.
La Patronal considera que “Esto es doblemente discriminatorio, ya que castiga al empresario que cumple la Ley, y solo grava a un sector del turismo, dejando al margen a toda la oferta complementaria”. En este sentido, consideran que “Si se tratara en verdad de un impuesto con finalidad medioambiental, hay que considerar que no solo contaminan los alojamientos turísticos”. Se lamentan de que su imagen se verá perjudicada frente al cliente, lo que le hará perder competitividad.
Denuncian que cuantificar el impuesto en función de la categoría del establecimiento hotelero, está más relacionada con la capacidad económica del turista que con el grado de contaminación que genere. Creen que un impuesto destinado a la mejora medioambiental “debería respetar el criterio de la legislación europea de quien contamina paga, pero no basarse en el bolsillo del turista”.
La patronal manifiesta su frontal oposición a que lo que se recaude en Ibiza y Formentera se gestione desde un fondo común por el Govern. Exigen que “lo que se recaude en cada isla debe invertirse en proyectos de mejora y protección medioambiental del territorio donde se genere el ingreso”. En esta línea argumentan que “Si la finalidad del impuesto es corregir el supuesto deterioro medioambiental ocasionado por la actividad turística, evidentemente las inversiones y gastos deben hacerse donde se produce el deterioro, que ha de coincidir con el lugar donde se produce la recaudación”.
La Patronal muestra su oposición a que “se grave al sector hotelero local para favorecer proyectos de rehabilitación y mejora de otras islas de Baleares”. Consideran que los recursos generados se deberían destinar a financiar proyectos de mejora turística medioambiental “perderemos competitividad al ser un destino más caro. Para corregir esta pérdida hay que invertir en proyectos que mejoren nuestra calidad”.
Los representantes de la Patronal alegan que la ley “no respeta la especialidad de la temporada en las Pitiusas y esto dificultará la actividad turística fuera de temporada, sumando obstáculos a la tan soñada desestacionalización”.
La patronal aboga por implantar el cobro del impuesto, en puertos y aeropuertos. “Según nos informa la consultora legal Ernst &Young no existe ninguna ley comunitaria que impida esta solución”. “Si se cobrara a todos los que nos visiten se evitarían los problemas que denunciamos, y no se dejaría al margen a la oferta ilegal”. Los miembros de la Patronal argumentan que "existe fundamentación jurídica que nos permite defender la exclusión del pago a los ciudadanos residentes, que ya pagan impuestos locales destinados a gastos de mejora medioambiental, por el criterio de la no doble imposición".
“Nosotros apostamos por una tarifa única, calculada en función del deterioro medio que el turista pueda causar, aplicando criterios a la baja, para que no resulte en exceso perjudicial para nuestra competitividad frente a otros mercados”, aseguran.
Toda la patronal respalda la iniciativa de que el órgano encargado de recaudar los impuestos sean las Cámaras de Comercio de Baleares, cada una en su demarcación, "por su amplia y dilatada experiencia en la gestión y recaudación de tributos y el lugar idóneo es a través de puertos y aeropuertos”, dicen.
La Patronal insta al Govern a negociar y lograr un acuerdo con el Ministerio de Fomento que es quien ostenta la competencia de Puertos y Aeropuertos del Estado, ya que “esta solución sería la mejor y más justa para todos”.