La falta de plazas de aparcamiento en los principales núcleos urbanos de Eivissa es un problema endémico al que los distintos equipos de gobierno han intentado encontrarle una solución. El primero de todos fue el Ayuntamiento de Vila, que fue el pionero en la isla en implantar la zona azul en sus calles. Un sistema de aparcamiento rotatorio de pago que con el tiempo también han ido adoptando otros municipios de la isla.
Paralelamente, los consistorios han acondicionado solares como párquines disuasorios para que los conductores dejaran sus vehículos a la vez que proyectaban zonas de aparcamiento subterráneas en sus núcleos urbanos. Este es el caso de Sant Antoni y Santa Eulària, dos municipios donde estas instalaciones han provocado más quebraderos de cabeza que satisfacciones.
En el caso de la Villa del Río, el ayuntamiento ha iniciado los trámites para rescindir la concesión del parquin situado en el Passeig de la Pau, que fue otorgada en 2009 a la UTE formada por las empresas Subsuelos Urbanos, Ibimerco Empresa y Estructuras, viviendas y carreteras por 5,6 millones de euros. «Los incumplimientos de la concesionaria son muy grandes», explica el responsable del área de Urbanismo de Santa Eulària, Mariano Juan, quien señala que el consistorio secuestró la concesión «cuando se puso en peligro la seguridad y el mismo servicio». Esto sucedió en marzo de 2003.
Si el Consell Consultiu da la razón al syuntamiento y rescinde la concesión, el consistorio no descarta emprender acciones legales para recuperar el más de un millón de euros que la concesionaria debe a Santa Eulària, entre multas, impuestos y tasas impagadas.
Juan destaca que desde que el ayuntamiento se ha hecho cargo del aparcamiento «la explotación es rendible», y señala que en 2015 apacarcaron 230 vehículos diarios de media.
En Sant Antoni, los problemas del aparcamiento subterráneo de la Plaça d'Espanya ya están en los tribunales a raíz de la denuncia de Subsuelos Urbanos, concesionaria de la instalación, y que ha supuesto que se investigue a los dos últimos alcaldes, Pepita Gutiérrez y Pepe Sala, además de a otros tres concejales. La empresa, que se encuentra en un proceso concursal, considera que el Ayuntamiento portmanyí tendría que cerrar los aparcamientos disuarios del núcleo urbano.
Esta instalación, inaugurada en 2008, funcionó durante siete años sin licencia, y entre noviembre de 2014 y mayo de 2015 estuvo cerrado al público ya que la concesionaria carecía de fondos para ni tan siquiera pagar la energía eléctrica. En 2014 el Ayuntamiento ejecutó un aval bancario (123.994 euros) para subsanar las obras o instalaciones defectuosas.