El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sant Antoni ha calificado de "indignante" que el equipo de gobierno municipal pretenda "gastarse el dinero de todos los contribuyentes" en defender ante los tribunales la "falsa legalidad" de la contratación de la Directora Técnica de Seguridad, Ángeles Gallardo.
Los populares han asegurado no entender qué motiva al equipo de gobierno a mantener "contra viento y marea" este nuevo cargo de confianza que "no es en absoluto necesario ya que sus atribuciones se solapan con las del Jefe de Policía".
Incluso, según han recordado, lo han reconocido como "ilegal" en sesión plenaria y en diferentes medios de comunicación la concejala de Gobernación, Aída Alcaraz, el interventor municipal y la Delegación del Gobierno.
Los concejales del Grupo Popular han recordado que la contratación de Gallardo les cuesta a los vecinos 60.000 euros al año y así, se han preguntado "quién deberá pagar los gastos jurídicos que se deriven de la defensa ante los tribunales de esta flagrante ilegalidad y los sueldos ya cobrados por Gallardo".
Tal y como han recordado, en el mes de noviembre del año pasado el tripartito decidió crear este nuevo cargo de confianza, contratando a Ángeles Gallardo con un coste de 60.000 euros al año.
El interventor municipal, cuyo informe es preceptivo, aseguró que dicha contratación sería "a todas luces ilegal" ya que no existe la citada figura en la plantilla municipal, ni hay una partida presupuestaria para ello.
Lo mismo afirmó en otro informe el secretario municipal.
Pese a estos reparos legales, el PP ha recordado que el equipo de Gobierno "hace lo que le da la gana" y realiza la contratación con fecha 1 de diciembre.
El 28 de ese mismo mes, Delegación del Gobierno hace un requerimiento al Consistorio para que les presenten el acuerdo de aprobación del presupuesto municipal.
El equipo de Gobierno, "ni corto ni perezoso, no tiene el más mínimo reparo en mentir a otra institución al asegurar que el presupuesto se había aprobado el 17 de diciembre de 2015, cuando en realidad se aprobó el 28 de enero de 2016", han denunciado.
El PP también ha lamentado que ante las evidencias de que se estaba cometiendo una ilegalidad, "con la única intención de tratar de cubrirse las espaldas", el equipo de gobierno destituyó el 1 de febrero a Gallardo para volver a nombrarla unas horas después.
El 5 de febrero, Delegación del Gobierno requirió al Ayuntamiento que anulara la contratación de Gallardo y les recordó que ha incumplido hasta 3 leyes.
"El tripartito, en un nuevo acto de deslealtad institucional, vuelve a faltar a la verdad asegurando que ya está todo solucionado y que en el pleno del 4 de abril iban a anular el reparo del interventor a la citada contratación", han reiterado.
Sin embargo, el PP ha explicado que desde Delegación del Gobierno se vuelven a poner en contacto con el Ayuntamiento el 30 de marzo para que "se dejen de una vez por todas de hacer malabarismos legales para justificar la ilegalidad de la contratación" y les informan de que han puesto el caso en manos de la Abogacía del Estado para que impugne este nuevo cargo de confianza ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Los populares han manifestado que "es muy poco decente tratar de pagar las ilegalidades y los compromisos partidistas con dinero de todos cuando ya han sido avisados en reiteradas ocasiones que la contratación era ilegal y deben cesarla".