El Ayuntamiento de Santa Eulària ha decretado el alzamiento de la suspensión en la tramitación del expediente de demolición de una vivienda situada en s'Argamassa y da un plazo máximo de dos meses para que la propiedad proceda al derribo de la construcción.
Este asunto se remonta al año 2008, cuando el Ayuntamiento de Santa Eulària inició un expediente sancionador por una ampliación de la vivienda que no se ajustaba a la licencia muncipal de obras. Según explicó el concejal de Urbanismo del municipio, Mariano Juan, la propiedad no respetó el retranqueo con la costa, por lo que «casi la mitad del edificio está fuera de la ley».
Juan señaló que la propiedad ha intentado legalizar las obras, a lo que el Consistorio ha informado negativamente en repetidas ocasiones. «Este expediente ha tenido una tramitación muy complicada», apuntó Juan, quien destacó que «si ellos no ejecutan la demolición, la haremos nosotros a no ser que presenten un recurso contencioso-administrativo y un juez la pare».
Si pasados los dos meses la propiedad no ha derrumbado el edificio, el Ayuntamiento tendrá un mes para decidir si ejecuta el derribo de forma subsidiario o si otorga un nuevo plazo. Si éste se incumple, los promotores serán sancionados con una multa, asegura el decreto del Ayuntamiento de Santa Eulària, y se abrirá otro plazo de un mes para que el Consistorio conceda un nuevo plazo o ejecute la demolición de forma subsidiaria.
Sobre si será necesaria la demolición de todo el edificio o sólo la parte ilegal, Mariano Juan explicó que los técnicos del Ayuntamiento decidirán la viabilidad de la vivienda. El concejal de Santa Eulària señaló que este último expediente todavía no está resuelto.
La asociación Rasar había denunciado que esta edificación se levantaba sobre los restos de una villa bizantina de 2.960 metros cuadrados de extensión junto al acueducto romano de s'Argamassa, que está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) por el Consell d'Eivissa y en la pasada legislatura fue restaurado.