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Un empresario juzgado por narcotráfico puja hoy por los lotes de playa de Sant Josep

| Eivissa |

Del banco de los acusados en la Audiencia de Las Palmas por un delito de narcotráfico a pujar por alguno de los rentables lotes de elementos turísticos para las playas de Sant Josep.

Es la trayectoria de uno de los 98 empresarios inscritos en la subasta para conseguir alguno de los 153 lotes de hamacas, sombrillas y otros elementos turísticos.

Mahy M.S. fue juzgado el pasado 8 de marzo acusado de pertenecer a una banda de narcotraficantes que trató de introducir 452 kilos de cocaína. Trece de los quince acusados en el macrojuicio reconocieron los hechos y aceptaron penas de tres años. Mahy M.S. y su suegra negaron los hechos que se les imputaba y se enfrentan a penas de 16 y 6 años de prisión.

Creación de empresas

Cinco días antes, el 3 de marzo, Mahy M.S. inscribía en el registro mercantil de Las Palmas a la empresa Explotaciones Ibiza de Playa 2015 S.L., con domicilio social en San Bartolomé de Tirajana y un capital de 3.000 euros.

Mahy Marrero Sosa figura como administrador único de esta empresa que tiene como objeto social el alquiler de artículos de ocio y deportivos; construcción; instalaciones y mantenimiento; importación y exportación o actividades inmobiliarias, entre otras.

Este empresario figura, desde el 29 de marzo, como administrador único de otras siete empresas dedicadas al mismo sector. Entre ellas figura Explotaciones Pitiusas de Servicios 2015 SL.

Estas empresas tendrían por objeto participar en concursos de diferentes lotes de ocio en playas de todo el territorio nacional.

Proceso judicial

En medio de todo este proceso de creación de empresas e inscripción en subastas para conseguir alguna concesión, el empresario canario se enfrentó a la vista oral bajo la acusación de pertenencía a una banda dedicada al tráfico de drogas.

Tres de los quince acusados alcanzaron un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal pero Mahy M. S. negó los hechos ante el tribunal que lo juzgó por un delito contra la salud pública y otro de blanqueo de capitales.

La Fiscalía solicitaba 16 y 6 años de prisión por cada delito.

Durante el juicio, M.M.S negó conocer la operación ideada para introducir la cocaína procedente de Venezuela. Según recogió la agencia EFE, el acusado explicó que desde hace 25 años se dedica al negocio de la náutica, un negocio que le reportaba unos beneficios anuales de 120.000 euros, aunque solo declaraba fiscalmente una parte: 30.000 euros.

En el proceso judicial confesó que sabía que su primo había comprado un velero pero no que fuera para trasladar droga. En cambio, dos de los acusados apuntaron que M.M.S. se desplazó al Caribe para llevar un piloto automático para el velero con el que después intentaron trasladar la partida de media tonelada de cocaína.

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