Los grupos municipales del PSOE y del PP de Sant Antoni se volvieron a enzarzar ayer a cuenta de la contratación de la responsable de la Policía Local, Ángeles Gallardo. Por la mañana, el secretario general de la Agrupación Socialista de Sant Antoni, Josep Marí ‘Marge', denunció la «hipocresía» del PP a la hora de criticar que el Ayuntamiento defienda su nombramiento.
Los socialistas, en su Comisión Ejecutiva, destacaron además «el buen trabajo a favor del cambio y de la mejora del municipio iniciado por Pep Tur ‘Cires'». Ante la «capacidad y ganas de trabajar del nuevo equipo a favor de Sant Antoni», el secretario general dijo que el PP «ha sido incapaz de hacer una sola propuesta en positivo en estos meses».
Así, Marí lamentó la crítica del PP por la defensa del Consistorio en relación a la contratación de la persona responsable de la Policía Local, un cargo «que era muy necesario para dirigir el servicio».
«A los concejales del PP se les debería caer la cara de vergüenza al decir estas cosas, tras haber gastado miles de euros del Ayuntamiento en costes judiciales de políticos y personal denunciados hasta en casos de corrupción», insistió, como el caso Cretu, que costó al Consistorio 84.000 euros sólo en la defensa jurídica, 27.000 correspondientes al exalcalde Antoni Marí Tur y el resto a otros dos trabajadores acusados. Asimismo, se gastaron más de 300.000 euros en derribar la casa y, más recientemente, 60.000 en defender a Pepita Gutiérrez por el caso del aparcamiento subterráneo. «Esto sí es una vergüenza, pero el PP de todo esto y de cómo se ha gastado el dinero público, no dice nada», criticó.
Respuesta
Por la tarde, el grupo popular aseguró que ‘Marge' elude decir en sus declaraciones que las actuaciones del PP «jamás han sobrevenido por actuar en contra de informes técnicos» del Secretario e Interventor municipales ni ante el requerimiento de otras administraciones, «como sí ocurre en la gestión del Tripartito en el caso de la contratación de su cargo de confianza, Ángeles Gallardo». «Recordemos que está contratación ilegal fue llevada a cabo en tan solo 5 meses de gobierno. Todo un récord», añaden los populares en un comunicado, en el que califican de «vergonzoso» que se compare el caso Cretu con el del parquin de la Plaza España, «ya que los responsables políticos actuaron en defensa del interés publico al mantener los aparcamientos disuasorios, situación que en la actualidad se mantiene por parte de su propio partido».