El director de la residencia Can Blai, Pedro Codes, ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo hasta nueva orden por una posible negligencia en su gestión, según informaron desde la Conselleria de Serveis Socials del Govern balear, noticia adelantada ayer por nuestra edición digital.
Una de las posibilidades que se baraja respecto a esta negligencia podría estar relacionada con la muerte de un interno. Por este motivo además se ha despedido a otro trabajador de esta residencia ubicada en Santa Eulària y que se dedica al cuidado de enfermos de Alzheimer y otras demencias.
Todos los trabajadores de esta residencia, que depende del Govern, recibieron un correo electrónico en el que se les comunicaba la decisión adoptada de sancionar al director, que estará suspendido de empleo y sueldo por un tiempo indeterminado hasta que se lleven a cabo las investigaciones sobre esta posible negligencia.
El comité de empresa de la residencia de Can Blai denunció hace meses la constante falta de personal por la ausencia de contrataciones a causa de incidencias administrativas que no permitían garantizar el funcionamiento asistencial en el centro.
Can Blai, situada en la carretera de Sant Carles, tiene una capacidad de 94 plazas en residencia y un total de 84 habitaciones distribuidas a lo largo de tres plantas y ofrece servicio a personas que se encuentran en situación de dependencia y que, tras los trámites correspondientes, se acuerda la residencia como recurso más idóneo.
La noticia de esta sanción al director de Can Blai salta semanas después de las denuncias de algunos familiares de la residencia Sa Serra de Sant Antoni sobre posibles deficiencias en la atención a los internos.
El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, anunció públicamente hace dos semanas que la institución insular asumiría la gestión de Sa Serra y Can Blai a partir del año que viene.
La tercera residencia de la isla, Can Raspall, situada en Sant Jordi, continuará sin embargo bajo la gestión del Govern debido a que dos módulos están destinados a la salud mental y a la discapacidad física, ambas competencias del Ejecutivo balear.