Los taxistas de Eivissa ven que los días pasan y que no pueden poner totalmente a punto los coches para empezar a trabajar las licencias estacionales en el primer turno, que arranca el 1 de junio. Por ello, la Asociación de Taxistas Autonómos de Vila ha solicitado un encuentro «urgente» con el Consell d'Eivissa para solicitar que se les dé prioridad o más celeridad a las revisiones de los taxis que tienen que empezar a trabajar el día 1 del mes que viene. «Estamos en el punto de que todavía no lo tenemos todo, por no decir nada. Hemos pedido una reunión con la vicepresidenta Marta Díaz porque el tiempo corre y hay que hacer un plan de choque o algo con la ITV porque con 200 coches que tienen que empezar a trabajar el próximo día 1 de junio no llegamos; queremos soluciones y ver qué se puede hacer para reducir el colapso de la ITV», explicó Alejandro Cardell, presidente de esta asociación profesional, quien recordó que el trámite de la ITV es «imprescindible» para poder empezar a trabajar las licencias estacionales y como una de las soluciones propuso «cerrar la ITV dos o tres días para que pasen todos los taxis que tienen que empezar a trabajar el día 1». Sobre si podría darse el caso de que algunos estacionales no empiecen el día 1 porque no tienen la ITV, Cardell apuntó que ese sería el peor de los casos y que confía en que esto no suceda.
GPS único
En cuanto al GPS único que ya está funcionando en todos los municipios, el presidente de los taxistas autónomos de Vila explicó que los primeros días «hubo algo de descoordinación, pero ya todo funciona bien; el servicio no se ha visto afectado». Sobre el cobro de diferentes cuotas a quienes son socios de la asociación mayoritaria de Vila y a quienes no, Cardell aseguró que Vila hará «una auditoría sobre la gestión de la asociación para valorar la cuestión económica; esto no será cuatro días ni mucho menos, por lo que este verano asumiremos que gente externa a la asociación pague las mismas cuotas que los que son socios a la espera de que el Ayuntamiento haga la auditoría». En esta situación se encuentran ocho personas que, según explicó Cardell, «han comprado equipos y teléfonos, pero no han hecho el pago; como mínimo se les pide una domiciliación bancaria, pero aún no han pagado», concluyó.