Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron ayer por la mañana en dos oficinas bancarias de Vila para desprecintar las cajas de seguridad propiedad de la discoteca Amnesia.
Los agentes estuvieron acompañados por varios letrados en la apertura de las cajas de seguridad que estaban en las oficinas ubicadas en la avenida Ignasi Wallis.
Esta nueva actuación se puso en marcha a primera hora de la mañana, coincidiendo con el horario de apertura de las oficinas bancarias.
Mientras los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil y los abogados de las partes procedían al desprecintado de la cajas, en el exterior de las sucursales se dispuso un operativo de seguridad fuertemente armado.
La primera intervención se realizó en la oficina del Banco Sabadell, en torno a las 9 de la mañana.
Posteriormente, el dispositivo se desplazó hasta la sucursal del banco BMN Sa Nostra, localizado en la esquina de la misma avenida de Ignasi Wallis con la avenida España.
Según informaron fuentes de la investigación, las cajas de seguridad del dueño de la discoteca Amnesia, Martín Ferrer, fueron desprecintadas para proceder a la apertura y registro judicial.
Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Ciivl llegados desde Palma también procedieron a lo largo del día al desprecinto y registro de la caja fuerte del barco propiedad del dueño de la discoteca.
Investigación
Los registros están enmarcados en el caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza contra el propietario de la discoteca, su hijo, un responsable del club y el contable por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Los cuatro fueron detenidos a principios del pasado mes de julio tras una operación llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y técnicos de Hacienda, que realizaron registros en la discoteca y sus viviendas.
Tanto el dueño de Amnesia como los otros tres implicados se encuentran en libertad provisional.
La investigación comenzó por una denuncia presentada por la Fiscalía en octubre pasado al advertir que las empresas de Ferrer podrían haber eludido el pago de importantes cantidades del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el valor añadido durante varios años consecutivos.