Ciudadanos, simpatizantes del equipo de gobierno y, sobre todo, cargos electos de PSOE y Podemos acudieron ayer al Parque de la Paz de Vila para asistir al primer ‘Consell a la plaça' en el que todos los consellers insulares respondieron a la veintena de preguntas que les formularon los participantes.
A pesar de que a las 11 de la mañana, hora a la que estaba prevista que comenzara el acto, apenas había gente sentada en las sillas instaladas para la ocasión, la plaza se fue llenando a medida que avanzó la jornada y llegó a reunir hasta a un centenar de ciudadanos de a pie que se unieron al diputado de Podemos Aitor Morrás, los concejales socialistas de Vila Alfonso Molina y Montse García, o los numerosos directores generales y cargos de confianza del Consell que ocupaban los asientos.
El presidente del Consell dio paso al turno de preguntas pero la verdadera protagonista del acto fue la vicepresidenta de la institución, Viviana de Sans, quien tomó la palabra para justificar la política insular de vivienda a preguntas de una ciudadana que acusaba tanto a PP como a PSOE de «no hacer nada» durante sus mandatos.
En una intervención rematada por los aplausos de los asistentes, De Sans atribuyó a la ley Montoro la falta de inspectores para luchar contra los alquileres ilegales y reclamó al Gobierno central el cambio de la Ley de Arrendamientos Urbanos para poder combatir los elevados precios de los alquileres en Ibiza. «No tenemos una varita mágica para solucionar el tema nosotros solos», recordó.
Conchi, uno de los pocos ciudadanos que pusieron en aprietos a los miembros del equipo de gobierno, cuestionó en su intervención el coste de organizar este acto en la calle para las arcas del Consell. «Los plenos ya son públicos y el público puede tomar la palabra sin que nos cueste 12.000 euros», señaló la mujer, a lo que la vicepresidenta matizó que la factura de este ‘Consell a la plaça' ha sido finalmente de 8.000 euros destinados a realizar la cartelería, la publicidad, el montaje de las sillas o el alquiler del equipo de sonido.
Las peticiones ciudadanas que acompañaron a muchas preguntas fueron eminentemente de carácter social: más puestos de trabajo para discapacitados, un lugar para acoger a los ‘sin techo' o mejoras para los trabajadores del hospital residencia de Cas Serres. «Una sociedad rica es aquella que no da a la espalda a las personas que lo necesitan», asintió la consellera de Benestar Social, Lydia Jurado, a la reflexión de un ciudadano.
En el plano medioambiental, el conseller Miguel Vericad fue el encagado de responder a un asistente que aseguró que los deportistas están «criminalizados» en la isla por las numerosas trabas que el Consell les pone a la hora de organizar pruebas. «¿Se va a actuar igual contra el DC10 que está en pleno parque natural y en los fondeos ilegales en las calas?», reprochó el ciudadano.
Las obras en la carretera de Jesús, los cambios en el Plan Territorial Insular (PTI), la fecha de la apertura de la estación de autobuses del Cetis o los problemas de abastecimiento de agua fueron otras de las cuestiones que se trataron en este primer ‘Consell a la plaça', cuya próxima parada se realizará en Sant Antoni durante el primer trimestre de 2017.
A ver si tienen agallas de, por ejemplo, ir a Sant Joan y explicar alli sus "gestiones/decisiones/imposiciones" políticas.