El Govern ha reclamado la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del convenio sobre las desaladoras de Menorca e Ibiza, en respuesta a los requerimientos del Estado sobre estas infraestructuras, por las que pide a la comunidad autónoma el pago de 46 millones de euros.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente reclama a Balears toda la indemnización que ha abonado a los concesionarios de las desaladoras, explica en un comunicado el Govern.
Detalla que el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha contestado las dos resoluciones del secretario de estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, de 26 de octubre, en las cuales se requiere a la comunidad autónoma que abone 26.113.865 euros por la desaladora de Santa Eulària (Ibiza) y 20.225.262 euros por la de Ciutadella (Menorca).
Vidal ha reclamado la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del convenio firmado entre las dos administraciones en 2005.
El Ministerio sostiene que el Estado ha tenido que pagar el rescate de la concesión por culpa de la comunidad autónoma, que impidió la conexión de las instalaciones a las redes municipales y que no pagó los costes de producción y mantenimiento de las desaladoras.
La Conselleria niega esta afirmación y defiende que el incumplimiento de las obligaciones del Ministerio con las empresas concesionarias es independiente de la actuación del Govern, que en cualquier caso ha sido correcta ya que las instalaciones no estaban recepcionadas, por lo que no existía obligación hacia estas compañías, que de hecho han reclamado al Ministerio y no a la comunidad.
Precedentes
Las obras de las desaladoras acabaron la legislatura pasada, en 2011, pero la comunidad autónoma no las recepcionó por el incumplimiento estatal del convenio, ya que no estaban conectadas a la red en alta, por lo que no era posible que empezaran a funcionar con normalidad, mientras el sobrecoste de los proyectos implicaba un aumento sustancial de la tarifa.
El Ministerio asegura que la comunidad autónoma impidió la conexión de las infraestructuras a la red, lo que niega el Govern, que remite a las actas de las sesiones del Comité de Seguimiento.
Además, el sobrecoste de las modificaciones de los proyectos, aprobados por el Ministerio contrariamente a lo que había justificado en el Comité de Seguimiento, implicaba un aumento sustancial de la tarifa, añade,
En este caso, el convenio prevé que se modifique el periodo de concesión, que solo puede hacer el Ministerio.
En este punto, en 2013 las empresas concesionarias reclamaron el rescate de sus contratos y el trámite de aprobación del pago del rescate ocurrió a final de 2015, antes de las elecciones, después de llegar a un acuerdo político mediante el cual el Gobierno se hacía cargo del rescate y la comunidad Autónoma conectaba las instalaciones a las redes municipales.
Con ello, la Consellería «daba una solución al problema de falta de agua en Ibiza que los dos gobiernos del Partido Popular habían secuestrado durante una legislatura», subraya Vidal, quien ha recordado que las Baleares ya «cumplen con este acuerdo, al haber iniciado las obras de conexión de la desaladora de Santa Eulària a Roca Llisa y la tramitación del resto de conexiones necesarias».
Antes de las elecciones de mayo de 2016, Balears recepcionó las dos instalaciones mediante un acta en la cual el Estado cede el uso y la explotación de las instalaciones en la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), manteniendo la titularidad y reservándose el derecho de repercutir acciones contra la Administración autonómica como consecuencia del pago del rescate de la concesión. Como publicó este periódico el pasado día 4, el Govern sabía al asumir la desaladora de Santa Eulària que podría pagar el sobrecoste.
LA NOTA
«Todo es muy extraño y sospechoso», afirma Vidal
Según Vicenç Vidal, estos requerimientos del Estado se hacen al margen del convenio entre el Ministerio y la Consellería, después del rescate de la concesión a las empresas ganadoras de la licitación e incumpliendo «un compromiso político con las Islas Baleares». Esta reclamación responde a «una voluntad política», ha asegurado el conseller, para quien «todo es muy extraño y sospechoso», y ha apuntado a esta situación como «otra herencia del señor Matas».