El vicepresidente y conseller de Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, reconoce que el borrador del anteproyecto de la ley de alquiler turístico ha suscitado todo tipo de controversias, de ahí las quejas de los administradores de fincas, la cual le ha sorprendido. y de las diferentes opiniones sobre aspectos claves como la asignación de espacios de alquiler o residencial por parte de los consells insulares y ayuntamientos.
«Es un tema complicado en el que había a priori dos posturas fáciles: permitirlo todo o dejarlo como está. Al final hemos optado por bus- car una regulación buscando un techo turístico y cubrir todos los aspectos competenciales», puntualiza.
Alquiler turístico
Barceló anuncia que «estamos abiertos a modificar todo el borrador de ley» y sobre la polémica que se ha generado con los administradores de fincas y las comunidades de propietarios de pisos, afirma: «Queremos garantizar que los propietarios de pisos decidan sobre el alquiler turístico. La mejor manera de hacerlo es que se apruebe por mayoría y no por unanimidad la decisión de aceptar o no las propuestas de propietarios de pisos para alquilarlos turísticamente. Estoy abierto a todas las peticiones que se hagan para mejorar este aspecto, pero salvo que los estatutos de las comunidades de propietarios lo prohíban ex profeso, hay que dar la opción a elegir».
Refuta las afirmaciones del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de que el contenido del anteproyecto va en contra de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Propiedad Horizontal. «No prohibimos sino que damos opciones y los administradores de fincas saben perfectamente que con la LAU se pueden alquilar, pero no así que se comercialicen turísticamente. Las comunidades de propietarios son un mundo», apunta.
Aprueba la decisión de dar las competencias a consells insulars y ayuntamientos de decidir qué zonas pueden ser de alquiler y cuáles otras residenciales en los municipios: «No hemos pasado la patata caliente a nadie, sino respetado las competencias urbanísticas, así como la decisión final a las comunidades de propietarios».
Afirma que el borrador del anteproyecto se ha consensuado y trabajado previamente con los consells insulares, ayuntamientos y principales sectores.