Esta semana primera semana del año ha estado marcada por la llegada de los Reyes Magos a nuestras islas y por la poca actividad en la política local, a excepción de Podemos, donde están más animados que nunca. El Ayuntamiento de Ibiza presentó sus alegaciones al anteproyecto elaborado por el Govern balear que regula las viviendas turísticas en edificios plurifamiliares. El equipo de gobierno liderado por Rafa Ruiz quiere que Vila se equipare con Palma y también tenga la última palabra en la prohibición o no de los pisos turísticos. Según la normativa redactada por el Ejecutivo balear, el Consell d'Eivissa podría saltarse los informes municipales y permitir la comercialización de viviendas turísticas aunque el ayuntamiento estuviera en contra.
También hemos conocido que una familia desalojada en el mes de abril de las infraviviendas de sa Penya, ahora ‘okupan' un piso de propiedad municipal y temen ser desalojados. «No salimos a la calle por miedo a que nos desalojen otra vez», asegurada Amparo Cortés, que junto con su marido y sus tres hijas descartan irse a Mallorca. Los Servicios Sociales de Vila se han puesto en contacto con la familia para negociar una solución. El Ayuntamiento dispone de cinco viviendas en el barrio que, de momento, no rehabilitará y esperará a reformarlas con el proyecto de la UA27.
Las hipotecas también han sido noticia esta semana en nuestro rotativo. A pesar de que en diciembre de 2015 el Tribunal Supremo declaró abusivas las cláusulas que obligan a los clientes de los bancos a pagar íntegramente los gastos de constitución de hipotecas, las entidades financieras de la isla de Ibiza continúan imponiéndolas a sus clientes. Estos gastos suponen alrededor de 3.000 euros, aunque éstos dependen finalmente del valor de la hipoteca. La Organización de Consumidores (OCU) ha lanzado una campaña para informar a los consumidores de cuáles son las vías para recuperar las cantidades pagadas de más de manera abusiva. Según la OCU, puede haber más de seis millones de hipotecas afectadas.