El pleno del Consell d'Eivissa acordó ayer, con los votos en contra del PP, instar al Govern balear a que decrete urgentemente una norma cautelar en la concesión de licencias de alojamiento turístico en suelo rústico en Ibiza hasta que no se haya aprobado definitivamente la nueva Ley Turística en la que trabaja el Ejecutivo autonómico.
A petición del PSOE, la moción presentada por el grupo Podemos-Guanyem incorpora otro punto en el que se insta al Govern a que solicite al Parlament balear la tramitación por vía de urgencia de dicha modificación de la ley de 2012.
La portavoz de Podemos y vicepresidenta del Consell, Viviana de Sans, defendió la propuesta argumentando que la presión turística sobre el suelo rústico «desvirtúa completamente esta clase de suelo» y que la proliferación de esta oferta, junto al alquiler turístico ilegal en edificios residenciales, «son la causa principal de la actual saturación».
El equipo de gobierno tumbó un tercer punto propuesto por el grupo popular en el que instaba al propio Consell d'Eivissa a elaborar un reglamento de estancias turísticas que prohíba los usos turísticos en viviendas plurifamiliares, y en el caso de las viviendas unifamiliares, que exija el número de registro para que puedan comercializar el alquiler turístico. El conseller popular Vicent Roig acusó a los progresistas de no tener «la más mínima voluntad política de poner orden» y de «no querer prohibir los alquileres turísticos en plurifamiliares».
Durante la sesión plenaria, que se prolongó durante más de cuatro horas, también se aprobó gracias al voto de calidad del presidente, Vicent Torres, una propuesta de Podemos-Guanyem para solicitar al Ministerio de Defensa que ceda la gestión de las residencias militares en Ibiza al Ibavi para destinarlas a hacer políticas sociales con el objetivo de paliar la situación de emergencia residencial que padece la isla. Desde la oposición, Belén Torres aseguró que actualmente ya puede hacer uso de estas instalaciones «cualquier funcionario civil o militar» –extremo que negó la vicepresidenta socialista Marta Díaz– y calificó la moción de «brindis al sol» que «no dará solución al problema».
A propuesta del grupo socialista, el pleno aprobó por unanimidad solicitar el Gobierno central que no modifique los descuentos del 50% en el transporte aéreo o marítimo para los viajes de grupo de residentes y que establezca una tarifa plana de 30 por trayecto entre las islas.
El equipo de gobierno tumbó una moción del PP relativa a la gestión de movilidad del Consell y aprobó, en cambio, efectuar «en el término más inmediato posible» los pagos pendientes al Fons Pitiús, que ascienden a 300.000 euros.