La presidenta de Baleares, Francina Armengol, pidió ayer al Gobierno de Mariano Rajoy que lleve a cabo una reforma de la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que se especifique que los alquileres de viviendas por menos de 30 días puedan considerarse turísticos.
Armengol explicó ayer en Madrid que su ejecutivo ha trasladado al Gobierno central esta propuesta con el fin de regular mejor los arrendamientos vacacionales y de que se pueda resolver el problema que hay en comunidades de mayor peso turístico, como es el caso de Baleares, donde hay una mayor proliferación de estos contratos.
El Govern balear prevé aprobar en breve un proyecto de modificación de la Ley de Turismo para regular el alquiler vacacional y dejar en manos de los consells insulars y los ayuntamientos fijar las restricciones al arrendamiento a turistas, que muchos propietarios llevan a cabo en fincas plurifamiliares amparados en que la ley estatal no establece limitaciones a esa actividad.
La presidenta balear apuntó ayer que «si no se acota el hecho de que cuando es menos de 30 días se considere un alquiler vacacional, al final puedes acabar haciendo un alquiler turístico vía Ley de Arrendamientos Urbanos, que lo permite la normativa estatal».
Armengol hizo ayer estas declaraciones en la entrada del recinto del Palacio de la Zarzuela después de la audiencia que ha mantenido con Felipe VI acompañada de Joan Punyet Miró, el nieto del célebre artista Joan Miró. A juicio de la presidenta balear, la modificación de la ley estatal para fijar un tope al alquiler vacacional ayudaría a concretar «en según qué sitios» se puede desarrollar esta vía de negocio, toda vez que la actual norma da libertad para el alquiler. Además de «redistribuir el negocio turístico», la reforma legal permitiría que hubiera una oferta suficiente de alquiler y vivienda para los residentes y los trabajadores en edificios plurifamiliares, defendió la presidenta del Govern. La presidenta balear señaló que el proyecto de ley autonómico impulsado por el Govern para regular el alquiler turístico aún está en fase de alegaciones. Recordó, además, que la competencia urbanística para definir dónde se puede hacer o no el alquiler turístico es de los consells insulars y de los ayuntamientos.