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El Consell d'Eivissa abrió 263 diligencias en 2016 por alquiler turístico ilegal

| Eivissa |

El Consell d'Eivissa abrió durante el pasado año 263 diligencias por infracción en relación a alquileres turísticos irregulares.

Durante 2016, el servicio de Ordenación Turística realizó 1.539 actuaciones, de las que 1.199 se referían a investigación y sanción de actividades irregulares y el resto, 340 actuaciones, fueron de elaboración de bajas definitivas, informes técnicos, subsanación de deficiencias, asesoramiento técnico y otros trámites, según informaron a través de un comunicado. De estas 1.199 actuaciones, 391 son expedientes referentes a alquileres turísticos de viviendas y su comercialización. A su vez, 263 consistieron en la apertura de diligencias por infracción, mientras que las otras 128 actuaciones han sido en relación a nuevas inscripciones de estancias turísticas en viviendas.

Campaña

Para este ejercicio, la máxima institución insular ha iniciado este mes las campañas de lucha contra las actividades turísticas irregulares, que se centrarán en los alquileres turísticos fuera de ordenación y en otras formas de intrusismo.

El plan incluye llevar a cabo 1.195 actividades referentes a los distintos ámbitos turísticos. El Consell ya ha realizado requerimientos a inmobiliarias sobre la normativa y la obligatoriedad de que las viviendas que comercialicen a turistas deben contar con registro de estancia turística y también a diferentes portales de internet que comercializan turísticamente viviendas, para que publiquen el número de registro de la estancia turística.

Durante abril y mayo el plan tiene previsto intensificar las actuaciones encaminadas a detectar la oferta clandestina, lo que coincide con los meses de pretemporada cuando existe una mayor oferta de este tipo. En junio, julio y agosto se revisarán los correspondientes registros insulares para determinar que las actividades inscritas mantienen las condiciones por las que fueron registradas en su día. El Consell insistió en la necesidad de modificar la LAU y la Ley Turística para dotar a la administración de instrumentos legales «más claros y contundentes» para combatir los alquileres irregulares.

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