Los cuatro encuestadores –ya no se denominan informadores– contratados por el Consell d'Eivissa hasta mediados de junio por 18.000 euros han detectado tras las primeras 167 entrevistas realizadas un total de 35 pisos de alquiler turístico gracias a los ‘chivatazos' aportados por vecinos y presidentes de diferentes comunidades de vecinos en la isla.
Los dos encuestadores presenciales –otros dos trabajan vía telefónica– visitan las 17 zonas consideradas «calientes» por ser donde pueden concentrarse mayor número de alquileres irregulares, y se entrevistan con los presidentes de las comunidades de vecinos con el fin de obtener más información sobre esos alquileres.
Por otra parte, a través de la herramienta informática adquirida por el Consell se han localizado 3.028 anuncios de alquileres de viviendas turísticas en Ibiza, según explicó ayer el director insular de Turisme, Vicent Torres Benet.
De estos anuncios hay 2.305 que aparecen sin el número de registro de Estancia Turística y están gestionados por 826 anunciantes. De hecho, en uno de los casos se ha detectado que una empresa con sede en Londres anunciaba la semana pasada 501 anuncios, cifra que esta semana se ha reducido a 453. De los 826 anunciantes, al menos 337 son extranjeros y controlan más de 1.200 alquileres, precisó Benet.
Además, el Consell lanzó ayer una campaña de mensajes a móviles destinados a los anuncios de alquileres irregulares en los que la institución insta a publicar en el portal comercializador el número de registro de estancia turística.
En caso de no hacerlo o de no responder a las indicaciones, en diez días los servicios de inspección del Consell incoarán el expediente sancionador correspondiente.
Sin embargo, el director insular reconoció las limitaciones que tienen para «poder demostrar que en ese domicilio se está dando un alquiler turístico». Benet recordó que las sanciones van desde 4.000 a 40.000 euros «dependiendo de las faltan que se puedan tipificar» y, en el caso de plataformas como Airbnb que anuncian pisos sin licencia turística, advirtió que con las actuales normativas «es difícil demostrar la infracción». «Es el grave problema que tenemos y por eso queremos cambiar la normativa», puntualizó.
LA NOTA
La cédula de habitabilidad de la mansión pirata se expidió en el 92 para 7 personas
Vicent Torres Benet aseguró ayer que la cédula de habitabilidad de la mansión pirata de Sant Antoni, donde viven 110 personas hacinadas, se expidió en el año 1992 para siete personas. Afirmó que la vivienda tiene dos expedientes sancionadores abiertos por infracción urbanística, pero no por la vía de Turisme.
«Sabemos que se está llevando a cabo la infracción, pero no podemos demostrarlo», lamentó. Benet explicó que ayer se llevó a cabo una reunión a tres ban