El pleno del Consell d'Eivissa aprobó ayer –con el voto en contra del PP– instar al Govern balear a que modifique «de forma urgente» la Ley 7/2013 de Actividades para recuperar el importe de las sanciones por ruido que establecía la anterior ley y que eran superiores a las actuales. «El ruido en Ibiza es un problema grave. Los beach clubs y discotecas en zonas urbanas amargan la existencia a los vecinos, por lo que es importante acabar con la impunidad del ruido en Ibiza», señaló Viviana de Sans, ponente de la moción.
Por su parte, el portavoz del PP, Mariano Juan, explicó que la Ley de Ruidos ya establece sanciones máximas de hasta 300.000 euros y animó a PSOE y Podemos «a hacer las modificaciones que consideren porque tienen capacidad para hacerlo en el Parlament balear».
El plenario también dio el visto bueno a la disolución de la Fundación para la Promoción Turística aprobada el 15 de junio por su patronato y que tenía una deuda de más de 900.000 euros. De esta manera, las acciones en promoción las llevará a cabo la empresa pública Fecoev. Una decisión que tuvo el rechazo del Partido Popular, que no ve clara su viabilidad. «¿Es viable para Fecoev asumir las competencias? No hay un informe económico que lo aclare. Vemos sombras y muchos errores de forma por lo que no lo vemos claro», aseguró el conseller Vicent Roig.
Donde sí hubo unanimidad, en cambio, fue en la moción presentada por el PSOE para reclamar al Gobierno más efectivos en la plantilla de la Demarcación de Costas en Ibiza. La consellera socialista Pepa Marí señaló que este organismo estatal actualmente sólo dispone de cinco empleados y hay dos vacantes de técnicos superiores especialistas, mientras que su personal ha bajado a la mitad en las últimas dos décadas, «por lo que provoca que el servicio sea muy deficiente y poco efectivo, provocando una sensación de impunidad».
En este sentido, el conseller de Medi Ambient, Miquel Vericad, señaló que la «única manera de luchar contra la privatización de la costa es a través de movilizaciones ciudadanas. Estamos en un momento crítico y si no lo remediamos, perderemos espacios públicos».
Por otro lado, la ‘popular' Pepa Costa destacó que la facultad de control en la segunda línea de costa «la tienen todas las administraciones» y reclamó que «todos los excesos deben ser sancionados».
Teatro y Cas Serres
Otra de las mociones aprobadas ayer fue la presentada por el Partido Popular para la convocatoria este año del certamen Pedro Cañestro de teatro que provocó un nuevo rifirrafe entre el conseller de Cultura, David Ribas, y la consellera ‘popular' Belén Torres, quien acusó al de Guanyem de no querer celebrar una nueva edición de la muestra de teatro amateur «porque lo inició el PP». Además, criticó que Ribas quiera «fomentar la competición» con la convocatoria de un certamen.
El conseller de Cultura señaló que con el certamen buscan «acoger a todo el mundo del teatro, tanto amateur como profesional» y que sus bases «están prácticamente redactadas y recogen las peticiones del sector».
Ribas también sacó pecho de haber hecho «más por la cultura en dos años que ustedes en toda la pasada legislatura» y acusó al PP de tener el auditorio de Cas Serres «sin actividad durante 25 años». La intención del conseller es que el certamen de teatro Pedro Cañestro se celebre en la primavera de 2018, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del autor.
En cambio, la propuesta del PP para aumentar el personal en el Hospital Residencia de Cas Serres cayó en saco roto ya que los grupos que forman el equipo de gobierno señalaron que trabajan para estabilizar la plantilla estructural y que el presupuesto dedicado a servicios sociales ha aumentado desde que los progresistas gobiernan.