Una de cal y otra de arena. El dictamen del Consell Consultiu sobre el proyecto de Llei d'Habitatge que se aprobó a última hora del viernes señala como inconstitucional el artículo 22 del texto –al colisionar con la Ley del Sector Financiero estatal–, que obligaba a las entidades financieras a ofrecer en alquiler social los inmuebles como alternativa al desalojo por desahucio en el caso de que se tratase la vivienda habitual. Por contra, el mismo órgano considera factible y dentro de los principios constitucionales otro de los preceptos del futuro texto legislativo, el que señala como obligatorio que los grandes tenedores de viviendas –bancos y promotores– cedan al Govern los inmuebles que llevan más de dos años vacíos para poder ofrecerse como alquiler social.
Respecto a este último supuesto, el Consell Consultiu señala como preceptivo que el Govern elabore con carácter previo un mapa territorializado de viviendas sociales en Balears, exigencia que en opinión del conseller Marc Pons, titular de Territori, Energia i Mobilitat, «será sencillo de cumplir ya que tenemos contabilizadas más de 2.500 peticiones en lista de espera».
Estos planes deberán incorporarse al futuro texto de la ley durante la tramitación parlamentaria.
Satisfacción
Pons no ocultó ayer su satisfacción por la redacción final del dictamen del Consell Consultiu, del que destacó «la unanimidad en su aprobación, sin ningún voto particular». Cabe señalar que el pronunciamiento del Consultiu no tiene ningún carácter vinculante para el Govern.
De todos modos, el conseller insistió en el hecho de que la unanimidad de los expertos «refuerza el espíritu del proyecto de ley y nos legitima para que el Gobierno central no vaya a la contra», en previsión de un hipotético recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde Madrid.
Tras comprometerse a la retirada del artículo 22, siguiendo las indicaciones del Consultiu, Marc Pons enfatizó que otros aspectos del proyecto de ley siguen adelante, como es el de la regulación de las fianzas o la pobreza energética.
El proyecto de Llei d'Habitatge es una de los proyectos ‘estrella' y más ambiciosos del Govern para esta legislatura, toda vez que permitirá a la Administración autonómica disponer de nuevas herramientas para incidir en uno de los problemas prioritarios de la sociedad balear, las dificultades de acceso a la vivienda, tanto en régimen de alquiler como en propiedad debido al alza de los precios.