Podemos explicó ayer, tras reunirse con los partidos del Govern para llegar a un acuerdo con la ley turística, que antes de su publicación quieren el compromiso de que el alquiler en viviendas plurifamiliares «esté prohibido, tanto en Palma como en Ibiza», por lo que el principal escollo en la negociación de los cambios se encuentra en este punto.
En una rueda de prensa, en la que participaron el diputado Salvador Aguilera y los portavoces de la formación, Laura Camargo y Alberto Jarabo, explicaron que quieren «consensuar» este punto con el resto de partidos, ayuntamientos y consells insulars.
Asimismo, Camargo explicó que entre todos los partidos ya se ha determinado que una vez «salga la ley» de los servicios jurídicos «el alquiler plurifamilar estará prohibido», «la moratoria de un año quedará automáticamente aplicada» y ya se podrán «aplicar las sanciones».
Además, aseguró que quieren un acuerdo en relación a que se fije «una ratio de inspectores/instructores ,según el número de plazas turísticas».
Por su parte, Jarabo lamentó que la ley no se llevase al Parlament «totalmente consensuada». «Entiendo que es un riesgo que nos desarma a todos los partidos progresistas», señaló.
A esto, Camargo dijo que no considera prudente que se haya hablado de «ley Frankestein» porque, según su opinión, lo que ha pasado es que no han sido «capaces de llegar a un acuerdo de fondo político» donde, según su postura, el «acceso a la vivienda debe quedar por encima del derecho del alquiler turístico».
Sobre las declaraciones de Aptur, que dijo que Podemos era «prescindible» en la negociación de «un pacto de estado» en relación a esta normativa mientras actuasen «por impulsos», Aguilera afirmó que lo respetan pero no lo comparten y que tomaron las decisiones con «cautela y calma». «El Govern estaba avisado», concluyó.