Los infractores urbanísticos tendrán una espada de Damocles de por vida a partir de enero de 2018: cualquier obra ilegal que hagan en suelo rústico a partir de entonces no prescribirá nunca, es decir, quedará expuesta para siempre a una posible orden de demolición de las obras hechas sin autorización. La legislación vigente ya establece esta no prescripción en suelo protegido, pero en suelo rústico común bastaba que transcurrieran ocho años desde la ejecución de la obra para que quedara exenta de una orden de demolición.
La nueva ley de urbanismo, que en estos momentos tramita el Parlament, lo cambia todo. Ha incorporado una disposición insólita en la legislación comparada española. Las órdenes de demolición de las obras ilegales no prescribirán nunca gracias a una enmienda al proyecto de ley que han transaccionado Podemos, Més y PSIB. la intención del pacto de izquierdas es lanzar un mensaje claro y contundente a los infractores para que se lo piensen dos veces antes de hacer obras sin permiso.
Demolición subsidiaria
La modificación de la ley permitirá a los consells ejecutar las órdenes de demolición de manera subsidiaria y cobrar después el coste de la obra al propietario. Lo que no cambiará, sin embargo, es la prescripción penal por un delito urbanístico, fijada en cinco años por ley, y la obligación de pagar una sanción económica equivalente al precio de la obra ilegal, que prescribirá a los 8 años, como hasta ahora.
El proyecto de ley está a punto de pasar el primer trámite parlamentario, el de ponencia, y en breve comenzará el debate en comisión. Las comparecencias de los consellers del Govern durante toda esta semana para explicar los Presupuestos ha impedido convocar sesiones de la comisión y aún no están fijadas las próximas sesiones de trabajo, pero el texto legislativo debe quedar aprobado antes de que acabe el año.
Si no es así, automáticamente ‘revivirán' la mayor parte de las disposiciones de la ‘ley Company' –la Ley del Suelo aprobada en la época de Bauzá–, que quedaron en suspenso vía decreto ley prácticamente al inicio de la legislatura.
La nueva ley endurece todos los asuntos relacionados con la disciplina urbanística, suprime la amnistía urbanística en suelo rústico a la que se podían acoger los infractores durante tres años, y elimina numerosas excepciones urbanísticas en materia de suelo urbano que no cuenta con todos los servicios básicos.
La nueva ley obliga a los funcionarios y a los poderes públicos a actuar si aprecian una infracción urbanística ya que, si no lo hacen, se enfrentan ellos mismos a una sanción económica.
EL APUNTE
Vigilancia con fotografías aéreas para poder visualizar las posibles infracciones
La norma entrará en vigor a partir de enero y la no prescripción no afectará, por tanto, a las posibles obras ilegales que ya se han ejecutado. Cuando un infractor sea cazado, lo tendrá muy difícil para tratar de justificar que la obra se inició antes de que comenzara la ley porque el Govern dispone de una amplio elenco de fotografías aéreas que de hecho suponen una precisa radiografía de cómo está el suelo rústico en las Islas. Este barrido fotográfico se viene realizando de forma periódica cada dos o tres años y supone una herramienta de primer orden para tener controlados los avances de urbanización del campo. Los promotores de la idea explican que será muy fácil cazar a quien se atreva a hacer obras ilegales a partir de enero, con la entrada en vigor de la nueva ley de urbanismo.