Autoridades políticas y del sector turístico se han dejado caer esta semana por Londres, donde se ha celebrado la World Travel Market, la mayor feria turística del mundo. Como en cada edición, los touroperadores han pedido a los hoteleros contención en los precios de los paquetes turísticos, mientras que desde el Consell y el Govern aseguran que duplicar el impuesto turístico no influirá en la llegada de visitantes. Quizás sea así, aunque todavía está por ver cómo influirá el Brexit en el comportamiento de los británicos, el principal caladero de turistas para la isla de Ibiza. Justo lo contrario que Formentera, donde prefieren pescar en aguas nacionales o italianas. De hecho, el Consell de la menor de las Pitiusas se plantea no volver a Londres y dedicar sus esfuerzos en promoción en otra dirección, ya que el británico no figura entre sus mercados prioritarios.
Y precisamente en Formentera se ha producido una de las noticias de la semana, ya que el TSJIB ha condenado a la máxima institución insular por irregularidades en el bolsín del cuerpo de bomberos al contratar a dos miembros que no cumplían con las bases del concurso. El Consell, que no está de acuerdo con la sentencia, recurrirá ante el Tribunal Supremo.
Otra de las decisiones importantes que hemos conocido estos días ha sido la decisión de la Dirección General de Tráfico de instalar más radares fijos en las carreteras de la red viaria ibicenca, donde este año han perdido la vida una quincena de personas. Esta medida pretende reducir el número de fallecidos en las carreteras, que en 2017 ha aumentado de manera preocupante, sobre todo en conductores de vehículos de dos ruedas.
La semana en la que, al fin, hemos dicho adiós al calor y el Ayuntamiento de Vila ha devuelto la posidonia a las playas del municipio, hemos conocido que Podemos, Més y PSIB introducirán una enmienda en la futura ley balear de urbanismo –que debería entrar en vigor en enero de 2018 si no quiere ‘resucitar' la ley Company– para que la obligación de demoler obras ilegales en suelo rústico común no prescriba nunca. En la actualidad, en este tipo de suelo esta infracción prescribe a los ocho años pero una vez se apruebe en sede parlamentaria la obligación de demoler la construcción ilegal será de por vida. Una medida que podría tener los días contados si el Govern balear cambia de color la próxima legislatura.