El Ayuntamiento de Eivissa ha ordenado el inicio de los trámites para desahuciar los dos pisos de Mallorca que fueron utilizados para albergar a dos de las familias desalojadas en abril de 2016 de la UA27 en el conflictivo barrio de sa Penya. El desahucio, aprobado en Junta de Gobierno Local el pasado mes de octubre, se realiza por unas deudas acumuladas de entre 3.000 y 4.000 euros en cada uno de los inmuebles, situados en las localidades de sa Pobla y Manacor.
Tras los desalojos de sa Penya, el Ayuntamiento de Vila decidió firmar con el Ibavi la cesión de la gestión y administración de seis viviendas de protección pública en la isla de Mallorca, según argumentó en su momento, por los problemas para disponer de vivienda de estas características en Ibiza. De acuerdo con esta colaboración, el Consistorio debía abonar una renta mensual de 1.400 euros tanto si las viviendas estaban ocupadas como si no. El convenio obligaba además al Ayuntamiento a pagar la parte proporcional de los gastos comunitarios correspondientes a las viviendas cedidas, los costes de los servicios y suministros, de las reparaciones, de los impuestos, así como de los seguros concertados.
Aunque inicialmente eran seis las viviendas cedidas por el IBAVI, el Ayuntamiento solo ha llegado a ocupar tres. Por este motivo, el PP presentó en el pleno de mayo de 2016 una moción en la que pedían que solo se pagaran las viviendas que estuvieran habitadas. Un año después, la Junta de Gobierno local aprobó la modificación del acuerdo con el Ibavi para mantener en el convenio únicamente las dos viviendas que ahora van a ser desahuciadas.
Estos dos desahucios no son los únicos que ha iniciado el actual equipo de gobierno, que ha utilizado también este procedimiento para desalojar los pisos okupados de propiedad municipal que tiene en Dalt Vila, así como otra vivienda del Ayuntamiento en el barrio de sa Penya donde vive de manera ilegal un matrimonio y sus tres hijas menores de edad que también fueron desalojados de la UA27 en abril de 2016.
Por otra parte, se da la circunstancia que una de las primeras medidas que adoptó la actual Corporación fue la aprobación de una moción en agosto de 2015 en la que se solicitaba a los bancos, a las entidades financieras y a las grandes empresas con oficinas y sucursales en el municipio de Eivissa «un compromiso social por escrito en el que certifiquen que no están efectuando desahucio alguno en este municipio, así como su compromiso de no realizarlos en el futuro».
En la citada moción también se les pedía que informaran a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de los casos de cliente en situación de impago de hipoteca. Además, instaba al Govern balear a la firma de un acuerdo marco para evitar la ejecución de desahucios.
Por último, el Ayuntamiento de Eivissa se comprometía a crear un censo de la vivienda vacía con el objetivo de destinarlas a «deudores que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca mediante la fórmula de alquiler social».
EL APUNTE
El PP califica de «travestismo político» la actuación de Vila
El PP criticó ayer la actuación de Vila respecto a los desahucios de las dos viviendas sociales de Mallorca. El concejal Álex Minchiotti considera que el concejal de Benestar Social, Joan Ribas, ha hecho un ejercicio de «travestismo político» al desahuciar a las personas que vivían en estos pisos por no pagar la renta social. «Utiliza el desahucio una persona que ha hecho bandera de este tema y que se ha comprometido en pleno a no utilizar esta fórmula», lamentó.
Minchiotti calificó también de «despropósito» el procedimiento llevado a cabo, ya que «primero eran seis viviendas que se paganban sin ser utilizadas, luego se quedaron en solo dos y ahora el propio concejal decreta un desahucio».
Según el concejal popular, el equipo de gobierno de Vila «ha perdido toda la credibilidad que tenían». Desde el grupo popular creen que la decisión de desahuciar estos dos pisos «no resuelve el problema».