El Govern se enfrenta a una multa de la Unión Europea porque los cuatro consells han incumplido el plazo para presentar la revisión de los respectivos planes de gestión de residuos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado una carta a la Conselleria de Medi Ambient en la que le informa que las instituciones europeas han enviad un aviso por el incumplimiento de los plazos.
El directo general de Residus del Govern, Sebastià Sansó, explicó que existe una ley aprobada en 2011 que obliga a las comunidades autónomas a presentar una revisión del plan de gestión de los residuos sólidos urbanos una vez pasados seis años. El plazo se cumplió el año pasado y el Govern no presentó el plan porque las instituciones competentes, en este caso los consells, no han hecho su trabajo.
Ninguno lo ha hecho
Ninguno de los consells ha presentado la revisión del plan director, aunque sí es cierto que los cuatro tienen iniciada la tramitación, aunque muy probablemente no estará acabada este año.
Por lo que respecta al Consell de Mallorca, la Comisión Balear de Medi Ambient ya le ha comunicado qué requisitos ambientales debe cumplir y ahora debe ser la institución insular quien inicie el trabajo de redacción. En el caso de Menorca, la Comisión de Medi Ambient prepara el informe sobre los requisitos que debe cumplir y, en el caso de Consell d'Eivissa, ya existía un primer borrador del plan de gestión que quedó parado en octubre de 2016 por discrepancias políticas. El que está más avanzado es el de Formentera, que está a punto de presentar toda la documentación.
El representante del Govern aclaró además que el anteproyecto de ley de residuos que acaba de presentar la Conselleria incluye una disposición para distinguir entre la redacción de planes directores de instalación de tratamiento de residuos y planes de gestión de residuos.
EL APUNTE
Pasará la factura a las instituciones insulares
En caso de que la multa con la que amenaza la Unión Europea se convierta en una realidad, comenzará una reacción en cascada. Bruselas pedirá al Gobierno que pague la multa, el Gobierno trasladará la sanción a la Comunitat Autònoma y el Govern pedirá a los consells que la paguen ya que son ellos los responsables del retraso en la tramitación del documento.