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Sant Josep precinta una vivienda donde se ejercía la prostitución

Imagen tomada ayer de las puertas principales de la vivienda precintadas. | Daniel Espinosa

| Sant Josep |

La Policía Local de Sant Josep ha precintado una casa particular ubicada en la carretera de Sa Caleta donde se estaba ejerciendo la prostitución, según ha confirmado el Ayuntamiento.

El negocio, conocido como ‘Casa Monika', anteriormente estaba ubicado en Sa Carroca, donde también fue clausurado. El Consistorio tuvo conocimiento de que el local volvía a funcionar como prostíbulo después de que la propietaria de la casa denunciara que sus arrendatarios ejercían esta actividad.

Tras la denuncia, la Policía Local y la Guardia Civil desplegaron un operativo conjunto que permitió comprobar cómo algunas mujeres ejercían la prostitución en la vivienda. Además, se recogieron declaraciones de algunos clientes que reconocieron haber pagado 150 euros por mantener relaciones sexuales y consumir bebidas alcohólicas.

Debido a que el negocio no tenía ninguna licencia de actividad, se ordenó la paralización inmediata, que fue ignorada por los propietarios. El pasado 19 de enero, agentes locales precintaron la actividad por una infracción muy grave del artículo 104.5 de la Ley 7/2013 de Régimen Jurídico de Instalación, Acceso y Ejercicio de Actividades de Baleares.

El propietario inicialmente se negó a permitir que se colocara el precinto y manifestó que había cesado la actividad en la casa. Tras explicarle los agentes que podría estar incurriendo en un delito de desobediencia, perseguible penalmente, finalmente accedió a que se precintara el local.

El Ayuntamiento realizará nuevos controles para comprobar el estado de los precintos. También tramitará un expediente sancionador contra los propietarios que, según la normativa vigente, alcanza los 10.000 euros. Cabe recordar que desde el Consistorio ya avisaron de que las actuaciones que se están llevando a cabo van contra el negocio que se ha estado llevado a cabo y no contra la vivienda en sí.

Además, en el supuesto caso de que se rompa el precinto, los responsables del negocio incurrirían en un delito que sería denunciado ante la Fiscalía de Ibiza.

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