El tribunal de la Audiencia Provincial dejó ayer visto para sentencia el juicio contra un hombre que ofrecía su coche como «taxi ilegal» y se enfrenta a una pena de cuatro años y medio de cárcel tras ser detenido con diversas drogas que iba a vender a un grupo de jóvenes británicos que llevaba en su vehículo.
Los hechos juzgados ocurrieron en la calle Cap Martinet de Jesús, en septiembre de 2015, cuando el acusado fue detenido por agentes de la Policía Nacional.
El acusado, J.J.C.B, reconoció que llevaba al grupo de jóvenes a una fiesta en Ibiza pero negó que la droga fuera suya. Ante el tribunal sostuvo que eran los jóvenes los que llevaban las pastillas y que les advirtió que no consumiesen en el coche.
Tras el testimonio del acusado declararon varios agentes que intervinieron en la detención del acusado. Uno de ellos relató que estaba patrullando en moto cuando observó al vehículo estacionado delante de un cajero y solicitó refuerzos al observar que el acusado tiraba la droga dentro del coche. El agente le impidió que abandonase el coche hasta que llegaron los refuerzos para realizar una inspección más completa. El agente recordó que habían pastillas tiradas por todo el coche y que durante el registro encontraron numerosos billetes arrugados en el interior de la guantera. Otro agente, el que realizó el cacheo, señaló que le intervino «importante y variada cantidad de drogas».
Tras escuchar todas las declaraciones, el Ministerio Fiscal mantuvo la petición inicial de cuatro años y medio cárcel ya que, según dijo, «se ha comprobado que trabajaba de taxi ilegal, llevó a los chicos al cajero y arrojó las droga al observar la presencia policial. Las explicaciones del acusado no son convincentes teniendo en cuenta la cantidad y variedad de la droga y el dinero intervenido», señaló.
El representante fiscal recordó que durante la intervención se incautaron de 15 bolsitas de ketamina, otras 15 con 10,44 gramos de cocaína, 5.58 gramos de MDMA y 45 comprimidos de esta misma sustancia.
La defensa solicitó la libre absolución ya que, según mantuvo, «no existen pruebas suficientes y no se tomó declaración a los jóvenes británicos». La petición fiscal también recoge una multa de 5.000 euros.