Dicen que la mirada es el reflejo del alma y en el caso de Francisca Sola Ros, Paquita, nos ha quedado más que demostrado. No necesita mediar palabra. El paso de los años se refleja en sus ojos, se la ve triste y cansada.
A sus 62 años se ha visto obligada a volver al albergue municipal de Ibiza después de que, según explica ella, fuera expulsada de uno de los pisos del Ayuntamiento en Dalt Vila.
Desconcierto
Todo comenzó alrededor de casi ocho meses. «Me quedé sin casa y pasé tres noches durmiendo en la calle. El alquiler es tan caro que a la espera de que saliera algo que me pudiera permitir, una amiga me vio en la calle y me llevó a los servicios sociales». Ese mismo día se trasladó al albergue municipal de Ibiza, donde residió durante más de tres meses hasta que le fue asignado uno de los pisos de emergencia social en Dalt Vila, propiedad del Ayuntamiento de Eivissa.
«Fue el propio director del albergue quien me acompañó hasta la puerta y me dio las llaves. Me explicaron las normas de uso, pero en ningún momento me dijeron que había una fecha límite de cuatro meses de estancia, de esto me enteré fuera hablando con la gente» declaró Paquita.
«Hace unos días vinieron varios miembros del equipo del albergue a saludarme y preguntarme cómo estaba en el piso. Todo bien hasta que al día siguiente, me llaman a la nave de Caritas donde yo trabajaba hasta ayer y me piden que baje al albergue porque el director quiere hablar conmigo».
La conversación comenzó con preguntas cordiales sobre la convivencia, confesó, pero poco a poco derivó a «acusaciones, basadas en comentarios de otras personas», sobre dejar entrar a su nieta, hijo y pareja en el piso. «Ni mi nieta ni mi hijo han entrado. Las veces que los he visto se han quedado fuera y yo he bajado a verlos. El único que ha entrado es mi pareja en dos ocasiones para cocinar, porque es diabético y en el albergue no le daban comida adecuada a su enfermedad».
A esto se sumaron recriminaciones por un viaje reciente que realizó a Palma para buscar unos documentos y sobre el que «informó a la trabajadora social en el puesto de trabajo, pero no en el albergue porque no le dijeron que debía hacerlo». Aún así «me han descontado 60 de los 350 euros que cobraba en el almacén y me dieron tres horas para retirar mis cosas del piso y volver al albergue».
A su compañera de piso, «a la que también hicieron ir y acusaron por el tema de la pareja , la reubicaron en otra de las viviendas, a la espera de que llegue Eva Denis», la mujer de 64 años que fue desahuciada a principios de este mes.
Desde el Ayuntamiento de Eivissa explicaron que el servicio de acogida «es un servicio público gestionado por la empresa privada Grupo5, una empresa especializada en la gestión de este tipo de servicios de inclusión social. Son ellos los que hacen la gestión del día a día de lo que pasa en el servicio». En este sentido, este servicio tiene unas «normas que se deben seguir y que los usuarios se comprometen a seguir». Los pisos de acogida de Dalt Vila forman parte de este servicio y aseguraron que no hay un límite máximo de estancia en los mismos. A esto se añade que los usuarios y usarias tienen un «plan de trabajo para que consigan su autonomía». «Cualquier decisión que se toma se hace siguiendo única y exclusivamente criterios profesionales vinculados con el trabajo social que se realiza en el centro», concluyeron desde el Ayuntamiento.