La Oficina Anticorrupción estará dividida en cuatro áreas de trabajo de las que una se ocupará específicamente de la investigación de delitos, según figura en el proyecto de reglamento que ha enviado al Parlament el director de la entidad, Jaime Far. Las investigaciones podrán iniciarse a raíz de denuncias anónimas o de personas que se identifiquen, y el reglamento establece que concluirán en el momento en que un juez o el Ministerio Fiscal abran diligencias.
Los investigadores tendrán la consideración de «agentes de la autoridad», lo que supone que todos los ciudadanos requeridos a aportar información tendrán la obligación de colaborar. También deberán comparecer cuando así lo soliciten los investigadores y quien se niegue a prestar su colaboración se arriesgará a una multa mínima de 20.000 euros si se trata de una infracción muy grave.
El reglamento entregado al Parlament permitirá a los investigadores solicitar datos bancarios de los investigados y podrá solicitar el decomiso de bienes de los corruptos en caso de sentencia condenatoria en la que no se hayan asegurado las sanciones pecuniarias o las responsabilidades civiles.
Además del área de investigación, también habrá un área de ética y prevención, que fomentará la conciencia ciudadana contra los delitos de corrupción, el área jurídica y el área de análisis y explotación de la información. El reglamento prevé además la figura del director adjunto, pero no detalla un organigrama completo.
La propuesta contempla la elaboración de un plan anual «reservado» de actuaciones en materia de investigación.