El Grupo Popular en el Parlament balear aprobó la reciente sentencia del Tribunal Supremo que determina que el exconseller socialista Jaume Carbonero benefició a las concesionarias de las autovías de Ibiza y avala que no se pague un 20 % más por estas carreteras para atacar al actual Ejecutivo balear. «En las carreteras de Ibiza solo ha habido tres sobrecostes reales: los 100 millones de las resoluciones de Carbonero, los 16 millones de los destrozos de los antiautopistas con Fanny Tur al frente y los 34.000 euros de la absurda comisión de investigación. El resto solo están en su imaginación, son inexistentes, en estado gaseoso y sin aval ninguno», señaló el diputado popular Antoni Camps ayer en sesión parlamentaria.
Por su parte, el conseller balear de Territori, Marc Pons, defendió la actuación de Carbonero en la última legislatura con Antich de presidente. Pons señaló que su compañero «tuvo que poner orden» en la Conselleria d'Obres Públiques, donde se encontró «proyectos impuestos que costaron 400 millones euros más y contratos llenos de imprecisiones para favorecer a las empresas concesionarias». El conseller menorquín explicó que Carbonero quiso poner doce puntos de conteo en la autovía de Sant Antoni «pero llegó Company y dijo que no quería saber cuántos coches pasaban». Marc Pons insistió en que «lo que pasó es que Company no quiso dar continuidad al buen trabajo hecho y siguió enfangando las decisiones de señora Cabrer».
En su turno de réplica Antoni Camps destacó que Jaume Carbonero «quiso beneficiar descaradamente a las concesionarias; lo dice el Supremo y lo hizo con informes de Intervención en contra y con la Abogacía y la propia auditoría que encargó también en contra. Sólo un informe externo lo avalaba. ¿Por qué tomó Carbonero esta decisión? ¿Qué beneficio sacaba?», se preguntó el diputado popular.
Marc Pons replicó a Camps recordándole el elevado precio de las obras. «Unas obras que han costado 172 millones y que tendremos que pagar 579 millones. ¿A esto lo llaman mantenimiento? Hasta 2035 lo tendremos que pagar todos. Cada año 50 millones de euros a la concesión. ¡Vergüenza Company, vergüenza Cabrer, vergüenza Camps!», soltó el conseller de Territori ante una alborotada bancada popular.