Los trabajadores del hospital residencia de Cas Serres están intranquilos ante el anuncio que hizo ayer la consellera Lydia Jurado de que el servicio pasará a ser una residencia sanitaria. En un comunicado firmado por el presidente del comité de empresa del Consell d'Eivissa, los trabajadores expresan que sienten «desconfianza» y que ésta está justificada.
«Como presidente del comité de empresa del Consell d'Eivissa quiero trasladar el malestar y las dudas que ha generado en los trabajadores del hospital residencia Cas Serres la información transmitida por la consellera Lydia Jurado sobre la no renovación de la licencia de hospital de centro y la promesa de que este cambio no afectará a los puestos de trabajo ni al servicio hospitalario que se da a los ciudadanos. Esta desconfianza está justificada si tenemos en cuenta hace apenas año y medio se aseguró a los trabajadores que se iba a garantizar la renovación de dicha licencia, promesa que no se ha podido cumplir», explico Juan Luis Núñez, presidente del comité de empresa, quien afirmó que existe «preocupación por el mantenimiento de los puestos de trabajo» ya que, entre otros motivos, el no disponer de licencia hospitalaria «puede suponer una disminución de las ratios necesarias y dificultar, además, la justificación de aumentar la plantilla, aumento que llevamos años pidiendo debido a la carga de trabajo que sufre el personal», al mismo tiempo que aseguran que esta decisión «podría conllevar la contratación de personal no sanitario». Por todo ello, exigen al Consell d'Eivissa una reunión «urgente» y que se convoque a los representantes de los trabajadores «para llegar a los acuerdos que garanticen no sólo cuestiones como el mantenimiento de la plantilla y el servicio hospitalario que se da en el centro con atención médica 24 horas, tan necesario para Ibiza y Formentera, sino también las necesidades futuras de personal y que éste, en el caso de los auxiliares, siga siendo exclusivamente cubierto por auxiliares de enfermería». La consellera Lydia Jurado declinó ayer hacer declaraciones sobre la preocupación de los trabajadores hasta que se reúna con ellos.
Cabe recordar que el Consell d'Eivissa afirmó que la extinción de la figura mixta hospital-residencia se debe a la nueva legislación que establece que las plazas hospitalarias y residenciales deben estar separadas, que los servicios deben estar segregados y el personal debe ser diferente. Así, adaptar el edificio a la exigencia supondría unas obras de reestructuración completa del edificio, así como la pérdida de camas y plazas residenciales. Por ello, el Consell d'Eivissa ha optado por que Cas Serres se una residencia sociosanitaria, al tiempo que se garantiza que se mantienen las plazas hospitalarias. «Es importante que quede claro que el servicio que se ofrecerá en Cas Serres será exactamente el mismo que en la actualidad y se garantizan los servicios sanitarios actuales, así como las 40 plazas concertadas con la dirección general de dependencia», explicó Lydia Jurado el miércoles a través de un comunicado.
LA NOTA
El PP cree que la nueva clasificación puede perjudicar a la estabilidad del centro
El Grupo Popular en el Consell d'Eivissa afirmó ayer que la nueva clasificación del Hospital Residencia Asistida de Cas Serres puede perjudicar «notablemente» su estructura y, por lo tanto, su estabilidad. «El Govern elimina la categoría de hospital y, por tanto, se suprime también el derecho del Consell a recibir el dinero correspondiente a este concepto», afirmó la consellera María Ferrer, quien anunció que van a pedir explicaciones. Según consideró el PP, el Govern debe garantizar que se mantendrán las funciones que se realizan en la actualidad porque, de no ser así, desaparecerán estos servicios o los deberá pagar el Consell, lo que podría «implicar una progresiva disminución de funciones y, en consecuencia, una reducción del personal del centro». Ferrer también ha dicho que la apertura del antiguo Can Misses como centro sociosanitario también condicionará la situación de Cas Serres y suponer la reducción de servicios. El PP afirmó que «tanto el Govern como el Consell deben dejar de enredar con esta situación y dar las explicaciones correspondientes porque hay muchos usuarios y trabajadores que se pueden ver afectados».