La consellera de Salut, Patricia Gómez, afirmó ayer en el pleno del Parlament de Balears que el Govern no retirará la resolución que prohíbe la actividad hospitalaria en el Hospital Residencia Asistida Cas Serres, tras recibir esta petición por parte del grupo parlamentario del PP. Gómez defendió que el cambio de acreditación es un «formalismo administrativo» que permite continuar con la misma actividad que se llevaba a cabo hasta ahora. «El cambio de autorización se hace únicamente para ajustar Cas Serres y su actividad real a los ámbitos normativos sanitarios y sociales. La única repercusión que tiene es administrativa», explicó la consellera, que reiteró que esta modificación «no cambiará nada» y que la intención de la Conselleria es que continúe igual, pero «con más seguridad y más servicios si es posible». Además, manifestó el compromiso del Govern así como del Consell d'Eivissa, responsable de la gestión del centro, a mantener la actividad y a los profesionales y residentes de Cas Serres.
Gómez también señaló que si retiran la resolución sabiendo que es contraria a la ley caería en «prevaricación» y detalló que la normativa actual «no permite que las plazas de uso hospitalario sean utilizadas para uso residencial y que las mismas plazas consten en dos registros oficiales a la vez». También añadió que «el pago es incompatible con una actividad propia de hospital público, que tiene que ser gratuita y universal». En su intervención, también aseguró que no se trata de una «peculiaridad» de la normativa balear, ya que en otras comunidades como Madrid «establecen prácticamente lo mismo».
La consellera explicó que la autorización adecuada para Cas Serres es la de servicios sanitarios integrados dentro de una organización no sanitaria, como sucede en otras residencias de Baleares. De todas formas, también anunció que mantendrán la denominación de hospital residencia «por sus circunstancias históricas».
Respecto al convenio que mantienen con Cas Serres, Patricia Gómez expuso que de las 160 camas cinco están concertadas con el IbSalut y que la intención es ampliarlas a diez «para pacientes que requieren curas de enfermería y no pueden estar en casa». Del resto de plazas, 115 son asignadas por la Comisión de valoración de los servicios sociales del Consell d'Eivissa y 40 por la Dirección General de Dependencia.